La investigación del siniestro en Adamuz avanza con órdenes judiciales para que Adif explique la sustitución preventiva de carriles, el traslado de material y quiénes intervinieron en las operaciones
El proceso judicial abierto tras el accidente ferroviario que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas en Adamuz ha entrado en una nueva fase en la que la instructora reclama datos concretos a Adif. La magistrada pidió que se aclaren y complementen los hechos y los motivos técnicos que justificaron la sustitución de un tramo de 36 metros de carril en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, así como la identificación de empresas, responsables y técnicos que participaron en la cadena de decisiones.
La providencia obliga a aportar documentación y a facilitar el acceso a personal que intervino en la incidencia.
La solicitud judicial se produce en un contexto en el que la investigación penal y las pesquisas técnicas se han cruzado con actuaciones de conservación de la infraestructura.
En inspecciones realizadas antes de la providencia, los peritos detectaron que además de los 36 metros comunicados, había otros 42 metros de vía que habían sido retirados sin aviso, lo que eleva a 78 metros el material desplazado desde el lugar del siniestro y que ahora está bajo custodia judicial en la base de Hornachuelos.
Qué exige la jueza y a quiénes involucra
La instructora ha marcado plazos concretos para que Adif aporte información sobre la operación: se solicita la identificación de la mercantil suministradora del tramo sin certificación, su representante legal y el director técnico que informó del defecto, así como la persona que recomendó la sustitución preventiva. Además, se pide detallar los técnicos y trabajadores de Adif que trataron la incidencia y la autoridad interna que autorizó el cambio de carril. Estas exigencias buscan trazar la cadena de responsabilidad administrativa y técnica detrás de las decisiones tomadas en la vía.
Actuaciones de Adif y pruebas técnicas realizadas
Adif ha reconocido ante el juzgado que el tramo de 36 metros sustituido no contaba con un certificado de calidad en la nota de entrega, motivo por el cual se optó por retirarlo de forma preventiva durante las noches del 3 al 4 y del 4 al 5 de marzo. La empresa pública defiende que esa ausencia de documentación no implicaba un defecto físico del acero, pero sí una falta de trazabilidad que exigía corrección para garantizar la integridad de la línea Madrid-Sevilla.
Ensayos y comprobaciones
En su escrito, Adif describe dos tipos de pruebas realizadas sobre el material: un ensayo de dureza con durómetro y una inspección por ultrasonidos. La entidad califica ambos procedimientos como ensayos no destructivos y sostiene que las soldaduras y los parámetros de dureza cumplieron con la normativa exigida, incluyendo la homogeneización de la dureza a 260 en el cambio del hilo interior entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342, intervención que corresponde a los 42 metros posteriormente retirados.
Controversias sobre el manejo de restos y cupones
Otro punto de fricción en la investigación es el tratamiento de los restos de soldadura. Adif afirma haber trasladado cupones de soldadura a la base logística de Hornachuelos la noche del 22 al 23 de enero porque, según su versión, personal de la CIAF y la Guardia Civil dejaron parte del material sin precintar, expuesto al riesgo de deterioro. La empresa sostiene que el traslado se hizo para preservarlos, que no fueron manipulados y que permanecen a disposición judicial, mientras que la magistratura revisa cronologías y custodia para descartar cualquier alteración.
Hallazgos, líneas de investigación y pasos siguientes
En la inspección ocular del 17 de marzo de 2026 la jueza constató la existencia de material retirado y no comunicado, y dictó providencia el 18 de marzo de 2026 para precintar, trasladar y custodiar los 78 metros de vía. La resolución recuerda que no se autoriza ninguna prueba sobre dicho material hasta la designación de peritos judiciales. Entre las hipótesis técnicas que siguen abiertas figura un fallo en la soldadura en el punto donde se unieron tramos nuevos y antiguos, que podría haber provocado la rotura del carril y el posterior descarrilamiento del tren Iryo, con la colisión del Alvia.
Implicaciones legales y administrativas
La causa incluye además otras pesquisas y revisiones administrativas que pueden derivar en responsabilidades penales, civiles o administrativas. Se ha mencionado la intervención de instancias que examinan el uso de fondos para el mantenimiento de la infraestructura, y la magistrada exige claridad sobre proveedores y controles de calidad. Mientras tanto, Adif mantiene que todo el material está custodiado y disponible para la investigación, y las autoridades judiciales avanzan para determinar si las decisiones de mantenimiento y trazabilidad tuvieron algún papel en el siniestro y en la posible alteración de pruebas.
