La vicepresidenta valenciana denuncia la injerencia del Gobierno central en competencias autonómicas
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La postura de la Generalitat Valenciana
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha manifestado su firme oposición a la propuesta del Gobierno central para establecer un mecanismo de acogida de menores migrantes no acompañados.
Camarero considera que esta iniciativa se ha elaborado sin la debida consulta a las comunidades autónomas, lo que califica como una falta de respeto institucional.
Críticas al Real Decreto
El Real Decreto, que será presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ha sido objeto de severas críticas por parte de Camarero.
La consellera argumenta que el reparto de menores favorece los intereses de los socios independentistas del Gobierno, lo que genera desigualdades entre las distintas autonomías. Además, lo tacha de inconstitucional al invadir competencias autonómicas en materia de protección de menores.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha decidido recurrir la decisión del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Camarero ha denunciado la injerencia del Gobierno en las competencias de la comunidad, subrayando que la Comunitat Valenciana, aunque es solidaria, no puede asumir más menores sin una política migratoria seria que aborde el problema en su origen y combata a las mafias que operan en este ámbito.
Capacidad de acogida y distribución injusta
La consellera también ha rechazado los criterios de reparto de menores procedentes de Canarias, argumentando que no se valora el esfuerzo de comunidades como la Valenciana, cuyo sistema de protección está al 160% de ocupación, a pesar de haber ampliado plazas. Camarero ha enfatizado que su capacidad está al límite y que es fundamental preservar la calidad del sistema y la dignidad de los menores ya acogidos.
Responsabilidad del Gobierno central
Finalmente, Camarero ha exigido al Gobierno que deje de utilizar la crisis migratoria como un arma política y asuma su responsabilidad en la gestión de esta situación. Ha denunciado la falta de un plan estatal con recursos suficientes para atender a los menores migrantes no acompañados, especialmente a los más vulnerables, y ha lamentado la inacción del Ejecutivo de Sánchez, que, en su opinión, sigue sin ofrecer soluciones efectivas.
