La lucha de poder entre el Gobierno y el Tribunal Supremo se agudiza con el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz.
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Llega el momento decisivo en la lucha de poder entre el Gobierno y el Tribunal Supremo. En el centro de esta tormenta se encuentra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde la implementación de la ley de amnistía, y en medio de los indultos y los cambios en las leyes de sedición y malversación, las tensiones han escalado.
El enfrentamiento está marcado por la sala de lo Penal, liderada por Manuel Marchena, quien ha propinado duros golpes al Ejecutivo, que considera a Marchena como un opositor en la sombra.
La decisión que podría cambiarlo todo
La situación llega a un punto crítico: el juicio y posible condena del fiscal general. Desde el Gobierno, la percepción es que esto es “completamente imposible”. Según el auto del juez Hurtado, “no hay ninguna prueba” que vincule a García con la filtración de un correo que implicaba delitos reconocidos por un abogado. La defensa del fiscal encuentra apoyo no solo en el Ejecutivo, sino en la mayoría de sus socios, quienes han salido a criticar la decisión del juez.
La unidad entre los socios del Gobierno es notable. Desde IU hasta Podemos, todos han manifestado su desacuerdo con el auto del juez, considerándolo un ataque a la coalición. Antonio Maíllo, de IU, califica el auto como un ataque directo, mientras que Ione Belarra de Podemos, argumenta que es un reflejo del dominio de la derecha en la justicia.
Apoyo inquebrantable al fiscal general
El presidente Pedro Sánchez y su equipo, liderado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han dejado claro que mantendrán su apoyo a García hasta el final. Confiados en que la apelación triunfará, se consideró que la decisión de Hurtado fue un exceso. “La imagen de la justicia se está deteriorando”, advierten algunos miembros del Gobierno. Sin embargo, la mayoría cree que esos magistrados, al reunirse, no se atreverán a condenar sin pruebas a un fiscal general.
“¿Pero alguien ha leído el auto? ¡Son solo suposiciones! No ha creído a los testigos que lo exculpaban”, se indigna un miembro del Gobierno. Esta indignación se refleja en el ámbito público, donde incluso el ministro de Justicia se mostró contundente en su apoyo a García Ortiz. Para Bolaños, el fiscal es “un servidor público ejemplar” y el proceso que enfrenta es profundamente injusto.
Un juicio cargado de tensiones políticas
La situación es aún más tensa debido a la percepción de que el auto fue divulgado en un momento estratégico para causar el mayor daño posible al Gobierno. García Ortiz se encontraba en un acto oficial cuando se conoció la decisión judicial, lo que algunos consideran una maniobra deliberada.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no se cortó al señalar que la verdadera oposición se encuentra en la justicia, sugiriendo que el desastre de la manifestación del PP es una distracción ante la crisis del Ejecutivo. Este clima tenso llega justo cuando el Gobierno había comenzado a recuperarse de una serie de crisis anteriores.
El futuro incierto del fiscal general
El procesamiento de García Ortiz se produce en un momento crítico para el Gobierno, que había empezado a respirar un poco más tranquilo tras la crisis del 28 de abril. Sin embargo, la presión política se intensifica con cada movimiento del Tribunal Supremo. Mientras el PP y Vox exigen la dimisión del fiscal, el Ejecutivo reafirma su compromiso con su defensa.
Las fuentes de la Fiscalía sostienen que García Ortiz permanecerá firme en su compromiso de defender la integridad de la institución que representa. Sin embargo, la sombra del proceso judicial se cierne sobre él, y el resultado del mismo podría tener repercusiones significativas no solo para su carrera, sino también para la estabilidad del Gobierno.
¿Qué pasará a continuación?
Las preguntas quedan en el aire. ¿Logrará el fiscal general salir airoso de esta situación? ¿Se verá afectada la confianza en el sistema judicial? La atención está puesta en los próximos pasos del Tribunal Supremo, y el futuro de Álvaro García Ortiz se convierte en un asunto de interés nacional.
