La prisión provisional de Ábalos y García subraya la gravedad de las acusaciones en su contra y la potencial amenaza de fuga.
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En un giro significativo en el caso de corrupción relacionado con la trama de las mascarillas, el Tribunal Supremo ha decidido enviar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, a prisión provisional sin posibilidad de fianza.
Esta medida se tomó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que argumentó un riesgo de fuga «extremo» ante la proximidad de un juicio que podría celebrarse en los próximos meses.
El magistrado Leopoldo Puente, encargado del caso, ha señalado que existen indicios sólidos que sugieren la implicación de ambos en graves delitos.
Este hecho es histórico, ya que Ábalos se convierte en el primer diputado en activo en ser encarcelado mientras mantiene su escaño. La gravedad de la situación resalta la respuesta del sistema judicial ante este tipo de delitos.
Motivos detrás de la decisión judicial
El juez Puente ha expuesto tres razones fundamentales que justifican la prisión de Ábalos y García. En primer lugar, ambos fueron procesados el pasado 3 de noviembre, lo que evidencia la seriedad de las acusaciones. En segundo lugar, los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y las acusaciones populares solicitan penas de prisión que varían entre 19 y 30 años para cada uno de los acusados, lo que incrementa el riesgo de fuga.
Gravedad de las acusaciones
La Fiscalía ha imputado a Ábalos delitos como organización criminal, cohecho y malversación, entre otros. Si se condena a Ábalos, podría enfrentar una pena de hasta 24 años de prisión. Koldo García, por su parte, enfrenta acusaciones similares, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar 19 años y medio de cárcel. La magnitud de estas penas es un factor determinante en la evaluación del riesgo de fuga, dado que ambos podrían tener incentivos para eludir la justicia.
El contexto personal de los acusados
A pesar de los argumentos de defensa presentados por los abogados de Ábalos y García, el juez ha considerado insuficientes las razones para evitar la prisión. Ábalos ha afirmado que su sueldo como diputado lo vincula a España, mientras que García ha destacado su situación familiar, mencionando a su hija pequeña y a su madre, a quien cuida. Sin embargo, el magistrado ha señalado que estos factores no garantizan que no puedan intentar escapar.
Las conexiones internacionales y el riesgo de fuga
El juez ha indicado que hay indicios de que Ábalos posee recursos económicos no detectados que podrían facilitar una fuga, así como conexiones en el extranjero que podrían ayudar en su evasión. A pesar de las afirmaciones de los acusados de que no tienen intención de huir, el magistrado considera que el riesgo es considerable. Durante la vista, el abogado defensor argumentó que el encarcelamiento de su cliente vulneraría el derecho a la participación política de sus votantes, pero esto no fue suficiente para cambiar la decisión del tribunal.
Implicaciones legales y futuras acciones
La decisión del juez Puente representa un cambio notable en la postura de la Fiscalía y el tribunal respecto a la naturaleza de las medidas cautelares. Anteriormente, se había considerado suficiente la retirada de pasaportes y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. Sin embargo, la evolución del caso y la presentación de las acusaciones han llevado a la necesidad de una respuesta más contundente.
El caso Koldo, que se ha dividido en dos partes, incluye una investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia y otros contratos de obra pública. La separación de las piezas del caso ha permitido avanzar en la investigación y ha contribuido a la decisión judicial actual. Con el juicio a la vista, el proceso judicial se anticipa como uno de los más relevantes en la historia reciente de la política española.
