Explora las críticas y preocupaciones en torno a la atención médica derivadas de la gestión privada del Hospital de Torrejón.
Temas cubiertos
El Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público con gestión privada, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de audios que indican decisiones polémicas por parte de su gestor, Ribera Salud. Estas grabaciones, obtenidas por EL PAÍS, muestran cómo el CEO de la empresa, Pablo Gallart, instó a sus empleados a aumentar las listas de espera y a reducir el número de intervenciones médicas para maximizar los beneficios económicos.
Desde su apertura en 2011, el hospital ha sido un ejemplo del modelo de gestión privada de hospitales públicos, lo que ha suscitado críticas en varias comunidades autónomas. En este contexto, las declaraciones de Gallart reavivan el debate sobre la ética de priorizar los beneficios financieros sobre la atención a los pacientes.
Las directrices de gestión de Ribera Salud
Durante una reunión celebrada el 25 de septiembre, Gallart expuso su estrategia para conseguir un EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre cuatro y cinco millones de euros. La propuesta incluye la reducción de intervenciones que no generen suficientes ingresos, lo que resulta en un aumento de las listas de espera y, en consecuencia, un posible detrimento en la calidad del servicio médico.
El CEO argumenta que el hospital, que atiende a más de 150,000 habitantes en la región del Corredor del Henares, no es rentable y enfrenta pérdidas significativas cada año. A pesar de recibir fondos de la administración, Gallart sostiene que esto no cubre los gastos operativos del centro, lo que le lleva a pedir a su equipo que cambie el enfoque hacia una gestión más rentable.
Impacto en la atención al paciente
La política de rechazar pacientes o intervenciones no rentables plantea serias dudas sobre el compromiso de Ribera Salud con la atención al paciente. Aunque el hospital opera bajo el paraguas del Sistema Nacional de Salud, la gestión parece centrarse en maximizar el rendimiento económico, lo que podría comprometer la calidad de la atención médica. Las grabaciones revelan que Gallart considera la lista de espera como un factor clave para determinar la actividad y los gastos del hospital.
El enfoque en el cálculo financiero en lugar de las necesidades de salud de la población es alarmante. Que se estén considerando medidas para desviar pacientes a otros centros por razones de rentabilidad pone en cuestión la misión del hospital de proporcionar atención médica accesible y equitativa a todos los ciudadanos de la región.
Reacciones y consecuencias
La respuesta de Ribera Salud ante la controversia ha sido minimizar la importancia de las grabaciones, afirmando que el contenido ha sido sacado de contexto. Sin embargo, la indignación de los grupos de izquierda y algunos profesionales de la salud ha sido inmediata. Se argumenta que poner la gestión de la salud en manos de empresas con fines de lucro es un riesgo para el bienestar de los ciudadanos.
Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha declarado que no se tenía conocimiento de estas prácticas y que, de haberlo, se actuaría con celeridad. Sin embargo, la realidad es que la gestión de hospitales bajo este modelo ha sido criticada durante años debido a la tendencia de las empresas a priorizar sus propios intereses financieros sobre la salud pública.
El modelo de gestión privada en el sector salud
La historia del hospital de Torrejón no es aislada. Ribera Salud, que introdujo este modelo de gestión en la Comunidad Valenciana a finales de los años noventa, ha estado en el centro de la controversia en diversas regiones. En Madrid, otros hospitales también operan bajo este esquema, lo que ha llevado a un constante escrutinio sobre la efectividad de la gestión privada en el ámbito de la salud pública.
El modelo de concesión implica que la empresa gestora es responsable de la infraestructura y la atención médica durante un período determinado. Sin embargo, el sistema ha sido criticado por sus falencias, especialmente en lo que respecta a la atención a los pacientes. La presión para reducir costos y aumentar los beneficios puede resultar en decisiones que no priorizan la salud de la población.
Desde su apertura en 2011, el hospital ha sido un ejemplo del modelo de gestión privada de hospitales públicos, lo que ha suscitado críticas en varias comunidades autónomas. En este contexto, las declaraciones de Gallart reavivan el debate sobre la ética de priorizar los beneficios financieros sobre la atención a los pacientes.0
