Un reciente acuerdo entre el PSOE y el PP se propone fortalecer las sanciones para los delincuentes reincidentes en España, buscando así mejorar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad en el país.
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Un giro significativo en el ámbito legislativo español se ha materializado con el acuerdo entre el partido PSOE y el PP, que busca avanzar en una reforma del Código Penal. Esta iniciativa tiene como objetivo endurecer las penas contra los multirreincidentes, en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en diversas regiones, incluyendo Catalunya.
La propuesta fue presentada inicialmente por Junts el año pasado, destacando la necesidad de sanciones más severas para quienes reinciden en delitos.
La discusión sobre esta iniciativa se llevó a cabo en una reciente reunión de la Comisión de Justicia, donde se evidenció el respaldo no solo del PSOE y el PP, sino también de otros partidos como el PNV y Vox.
Sin embargo, la oposición de Sumar y otros aliados del Gobierno fue contundente, lo que refleja la polarización existente en el debate sobre la delincuencia en el país.
Detalles de la propuesta de reforma
La propuesta presentada por Junts en marzo de 2025 se centra en la necesidad de una respuesta penal más robusta ante los hurtos multirreincidentes. El documento argumenta que las medidas actuales son insuficientes para enfrentar el incremento de delitos, como el robo de dispositivos electrónicos, sugiriendo que el hurto de estos objetos debería acarrear penas de hasta tres años de prisión, independientemente de su valor.
Durante la reunión de la comisión, se acordaron seis enmiendas transaccionales que buscan fortalecer esta iniciativa, incluyendo un endurecimiento de las penas para quienes abastecen de gasolina a las narcolanchas. Este aspecto evidencia una preocupación más amplia por la criminalidad organizada que afecta a diversas comunidades. Los próximos pasos incluyen la votación del informe en la comisión, programada para la próxima semana, y un debate posterior en el pleno del Congreso en febrero.
Impacto de la multirreincidencia en las ciudades
Un informe reciente del Ayuntamiento de Barcelona reveló que en el primer semestre de 2025, 266 personas acumulaban más de 1.700 detenciones. Esta estadística subraya la gravedad del problema de la multirreincidencia, que no solo afecta la percepción de seguridad entre los ciudadanos, sino que también plantea desafíos significativos para las autoridades locales y la policía.
La situación se complica aún más considerando que el PP había tramitado previamente una reforma legal similar en el Senado, orientada también a combatir la delincuencia reincidente. Este hecho resalta la urgencia con que varios partidos están abordando este tema, aunque las discrepancias sobre la forma de hacerlo continúan generando tensiones políticas.
Reacciones y perspectivas futuras
Tras la reunión, las declaraciones de los representantes del PSOE indicaron satisfacción por los avances logrados. Por su parte, desde Junts se mostraron cautelosos, afirmando que no se sentirán completamente seguros hasta que la ley no sea aprobada. Este sentimiento refleja la desconfianza que ha caracterizado las relaciones entre los partidos en los últimos años, especialmente en el contexto de las exigencias de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez.
La reforma también contempla la creación de un marco legislativo que permita a la policía actuar más rápidamente en casos de ocupaciones ilegales, permitiendo desalojos en un plazo de 48 horas si no se presenta un título jurídico válido. Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas que buscan abordar la inseguridad y la delincuencia de manera más efectiva.
Colaboración interpartidaria en el horizonte
El acuerdo entre el PSOE y el PP para endurecer las penas contra la multirreincidencia marca un paso significativo en la búsqueda de soluciones a la inseguridad ciudadana que preocupa a muchos. A medida que avanza el proceso legislativo, se prevé que la discusión genere un debate más amplio sobre cómo prevenir la delincuencia y mejorar la respuesta de las instituciones ante estos desafíos.
