Un análisis de la crisis de la DANA y cómo la falta de acción oportuna llevó a una tragedia en Valencia.
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El 29 de octubre de fue un día trágico para la comunidad de Valencia, donde la crisis provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) desató un torrente de críticas hacia la gestión de emergencia del gobierno autonómico. La entonces consejera de Emergencias, Salomé Pradas, se enfrentó a decisiones difíciles en un entorno caótico, mientras que el presidente Carlos Mazón se encontraba en una situación comprometida, alejado del centro de mando y de la realidad de la emergencia.
Desde primeras horas de la tarde, las comunicaciones entre Pradas y el equipo de Mazón revelaron una falta de reacción adecuada ante la creciente gravedad de la situación. A pesar de que ya se conocía la existencia de víctimas, la información que se transmitía era insuficiente y, en muchos casos, incorrecta.
La falta de comunicación y decisiones tardías
Los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pradas y su equipo de trabajo reflejan una profunda descoordinación y confusión. A las 19:55, Pradas alertó sobre la gravedad de la situación en Utiel, enfatizando que las cosas estaban “muy muy mal”. Sin embargo, el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, insistía en mantener la calma y desalentaba cualquier medida de confinamiento, a pesar de que la ley lo permitía en situaciones de emergencia.
Como muestra de esta descoordinación, Mazón, quien había estado ocupado en un almuerzo, no apareció en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) hasta las 20:28, horas después de haber recibido información crítica sobre el desbordamiento del río Magro y la situación en Utiel. A pesar de la urgencia del momento, el presidente continuó con sus actividades, lo que provocó una sensación de abandono entre sus colaboradores.
Las decisiones que costaron vidas
La decisión de no enviar una alerta masiva hasta las 20:11 fue crucial. Para entonces, ya se habían registrado al menos 155 muertes debido a las inundaciones. La gestión de la crisis fue marcada por la falta de una respuesta rápida y efectiva, lo que llevó a una serie de tragedias que pudieron haberse evitado. Las comunicaciones entre Pradas y su equipo revelan que, a pesar de la gravedad de la situación, las órdenes de no confinar a la población persistieron.
A medida que la tarde avanzaba, Pradas continuó informando sobre el avance de la crisis. A las 16:11, ella comunicó a Cuenca sobre la primera muerte confirmada en Utiel, pero la respuesta del equipo fue tardía y descoordinada. A pesar de las advertencias sobre las condiciones críticas, Cuenca reiteraba que no se podía proceder con el confinamiento, lo que subestimaba el riesgo real que enfrentaba la población.
Consecuencias y responsabilidades
La tragedia de la DANA dejó un saldo devastador de 230 muertes, de las cuales más de 150 ocurrieron antes de que se emitiera la alerta. La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga las negligencias en la gestión de la crisis, centrándose en si se pudo evitar el desastre con una adecuada comunicación y toma de decisiones. Pradas y su segundo, Emilio Argüeso, enfrentan acusaciones de homicidio imprudente, lo que subraya la gravedad de la situación.
Las declaraciones de Cuenca en la comisión de investigación revelan contradicciones con los mensajes que Pradas presentó ante el tribunal. Mientras Cuenca afirmaba que no tenía conocimiento de las muertes hasta la madrugada, los mensajes demostrarían que esta información había sido comunicada mucho antes. La falta de sinceridad y la desinformación en tiempos críticos son elementos que la justicia deberá examinar con atención.
El futuro de la gestión de emergencias en Valencia
Lo ocurrido en Valencia durante la crisis de la DANA plantea una serie de preguntas sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante emergencias naturales. La falta de acción oportuna y la ineficacia en la comunicación son lecciones que deben ser aprendidas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. La gestión de crisis requiere no solo de protocolos claros, sino también de un liderazgo fuerte y comprometido que priorice la seguridad de la población sobre cualquier otra consideración.
