Yolanda Díaz se posiciona firmemente a favor del derecho a la vivienda, desafiando al PSOE para implementar medidas efectivas.
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La vivienda ha sido un tema candente en la política española, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha decidido tomar una postura firme en defensa de este derecho fundamental. En un contexto donde la moratoria a los desahucios se ha convertido en un asunto crítico, Díaz ha manifestado su intención de llevar este asunto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) como un paso previo para su aprobación en el Consejo de Ministros.
La reciente declaración de Díaz pone de manifiesto su deseo de que el PSOE, su socio en el Gobierno, tome una decisión clara respecto a la moratoria. “Si quiere el PSOE, que lo tumbe”, afirmó, lo que demuestra su determinación a que la cuestión de la vivienda sea tratada con la seriedad que merece.
La crítica a la política neoliberal
En sus declaraciones, Díaz no dudó en calificar al ministro Cuerpo de “neoliberal”, destacando una profunda crítica a la falta de políticas efectivas en el ámbito de la vivienda. La vicepresidenta subrayó que, en su opinión, el derecho constitucional a la vivienda ha sido “vaciado” y ha contribuido a la creciente desigualdad en el país. Esta situación ha sido permitida, según ella, por las políticas adoptadas por los gobiernos del PP y del PSOE en el pasado.
Díaz también enfatizó la necesidad de reforzar el Estado Social en España, señalando que el acceso a una vivienda digna debería ser parte de un compromiso más amplio que incluya sanidad, educación y empleo de calidad. Este enfoque no solo es una cuestión de justicia social, sino que también está respaldado por la constitución española, que establece claramente la responsabilidad del Estado en garantizar estos derechos básicos.
El contexto histórico del derecho a la vivienda
El artículo 47 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna, ha cumplido 47 años. Desde su promulgación, se han construido aproximadamente 10 millones de casas, pero el acceso a ellas se ha vuelto cada vez más complicado para muchos españoles. A pesar de que España ha sido históricamente un país de propietarios, la tendencia se ha revertido en las últimas décadas, lo que ha llevado a un aumento en los alquileres y una escasa oferta de vivienda pública en comparación con otros países europeos.
Según recientes estadísticas, la presión sobre el mercado de la vivienda ha crecido significativamente. En diciembre de, el 22,3% de la población consideraba la vivienda como uno de los tres principales problemas, cifra que ha aumentado hasta el 40% en noviembre de este año. Esta creciente preocupación se refleja en el aumento de precios, que han subido un 12,8% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Implicaciones del reconocimiento del derecho a la vivienda
El reconocimiento de la vivienda como un derecho constitucional implica que las administraciones públicas tienen la obligación de hacer efectivas las condiciones necesarias para garantizar este derecho. Algunas comunidades autónomas han incluido este derecho en sus estatutos, abordando así la situación de los colectivos vulnerables. Por ejemplo, en Euskadi, se ha establecido que los ciudadanos con ingresos bajos tienen derecho a una vivienda social, y si no hay disponibilidad, se les debe ofrecer una prestación económica.
La falta de una política de vivienda robusta ha llevado a un déficit significativo en el mercado. A pesar de que se han construido muchas viviendas, el acceso a ellas se ha vuelto un desafío, especialmente para los jóvenes, quienes enfrentan una media de emancipación que supera los 30 años. La situación actual exige un enfoque renovado que contemple la construcción de vivienda pública y una regulación más estricta contra la especulación inmobiliaria.
El futuro de la vivienda en España
Con la creación de la nueva empresa pública Casa 47, el Ministerio de Vivienda busca abordar las necesidades habitacionales de la población. Este nuevo ente se propone recordar la obligación constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna, subrayando que esta no es una opción, sino un mandato. La ministra Isabel Rodríguez ha enfatizado la importancia de abordar esta cuestión con seriedad y compromiso.
A medida que España avanza hacia el 2030, se estima que los hogares deberán invertir unos 30.000 millones de euros en rehabilitar sus viviendas. La falta de vivienda asequible y la creciente presión del mercado hacen que sea urgente desarrollar políticas que prioricen el acceso a la vivienda, no solo como un derecho, sino como un pilar fundamental del bienestar social.
