La ministra de Sanidad, Mónica García, se alista para presentar una innovadora ley que transformará la gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tomado una decisión clave para reestructurar la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. A principios del próximo año, se presentará una norma que busca derogar la legislación que permite la administración privada de centros públicos.
Esta medida tiene como objetivo eliminar cualquier ánimo de lucro que pueda afectar la atención a los pacientes.
Este anuncio surge tras diversas denuncias sobre las consecuencias negativas de la gestión privada en la sanidad pública. García ha expresado su preocupación por los testimonios que revelan prácticas como la selección de pacientes y la manipulación de listas de espera en hospitales gestionados por empresas como Ribera Salud y Quirónsalud.
Las consecuencias de la gestión privada
En una reciente entrevista, García mostró su indignación al escuchar audios filtrados en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, discutía estrategias para incrementar las ganancias a expensas de la salud pública. Según la ministra, estas tácticas reflejan un sistema que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de los pacientes. García argumenta que, año tras año, un número considerable de pacientes de hospitales públicos se desvían hacia clínicas privadas, lo que no solo afecta la atención, sino que también implica un importante flujo de dinero hacia estas empresas.
Un modelo a cuestionar
García indica que el Hospital de Torrejón es un claro ejemplo de este problema. Cada año, hospitales como La Paz y Ramón y Cajal pierden miles de pacientes que terminan en centros privados, lo que incrementa los ingresos de empresas como Quirón. Este trasvase de pacientes plantea serias preguntas sobre la equidad en la atención sanitaria.
Medidas a implementar
El Gobierno, bajo la dirección de García, se compromete a investigar a fondo las prácticas en el Hospital de Torrejón. La ministra ha instado a la Comunidad de Madrid a llevar a cabo una inspección exhaustiva para determinar si se han vulnerado derechos de salud pública. Si se encuentran irregularidades, ha solicitado que se cancele la concesión que permite la gestión privada de dicho centro y que se restaure la administración pública.
Además, la ministra ha propuesto la creación de un nuevo real decreto que aborde de manera directa el problema de las listas de espera. Este decreto se diseñará para garantizar una mayor transparencia en el proceso de atención, desde la primera visita al médico hasta la intervención quirúrgica, permitiendo a los ciudadanos conocer cómo se gestionan sus solicitudes y tiempos de espera.
Impacto de la nueva ley
La ley que se prevé presentar a principios del año entrante no solo derogará la legislación de 1997 que abrió las puertas a la gestión privada, sino que también establecerá un marco más sólido para la colaboración entre el sector público y privado. Sin embargo, García enfatiza que dicha colaboración no podrá estar motivada por el lucro, protegiendo así la esencia de la sanidad pública ante posibles intereses de inversión.
De acuerdo con la ministra, este nuevo enfoque es crucial para mantener la calidad y equidad en la atención sanitaria, asegurando que los pacientes no sean solo números en un balance contable. La ley buscará regular la colaboración de manera que siempre priorice la salud de los ciudadanos.
Reacciones y expectativas
Tras las declaraciones de García, algunos directores de hospitales y expertos en salud han expresado su apoyo a las nuevas iniciativas, señalando que la transparencia y el compromiso con el bienestar del paciente son fundamentales. Sin embargo, también hay quienes se muestran escépticos sobre la efectividad de estas medidas, argumentando que cambiar un sistema tan arraigado requerirá un esfuerzo considerable y tiempo.
La ministra Mónica García se encuentra en el camino de implementar cambios significativos en la gestión sanitaria de Madrid. Con la propuesta de esta nueva ley, busca no solo transformar la atención pública, sino también asegurar que la salud de los ciudadanos esté por encima de cualquier interés privado.
