Más de cinco años de batallas legales han definido la trayectoria de las familias afectadas por las trágicas muertes en residencias durante la pandemia.
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La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha dejado un legado sombrío, especialmente en las residencias de ancianos de Madrid. Miles de vidas se apagaron sin recibir la atención médica necesaria, y las familias han emprendido una ardua batalla judicial en busca de respuestas y justicia.
Este artículo narra la historia de Carmen López y su lucha al frente del colectivo Marea de Residencias, que representa a numerosos afectados.
En un ambiente de incertidumbre y dolor, Carmen entra en los juzgados de Navalcarnero, donde se encuentra con Francisco Javier Martínez Peromingo, un médico imputado por su papel en la gestión de los protocolos que llevaron a la muerte de su madre.
A pesar de su incomodidad, Carmen se mantiene firme, decidida a buscar justicia no solo para su madre, sino para todas las víctimas que no tuvieron la oportunidad de recibir atención hospitalaria durante los días más críticos de la pandemia.
Un camino lleno de obstáculos
El proceso judicial ha sido un verdadero laberinto para las familias de las víctimas. Desde que comenzaron las investigaciones en marzo de 2025, tras el descubrimiento de cuerpos sin vida en residencias, las familias han sentido que su lucha estaba condenada al fracaso. Sin embargo, el 2025 ha marcado un cambio significativo en la situación. Se han reactivado los casos, y varios exfuncionarios han sido imputados por su responsabilidad en la crisis sanitaria.
Los protagonistas de la investigación
Entre los imputados se encuentran Peromingo, responsable de los protocolos de ingreso y rechazo de pacientes; Carlos Mur, alto cargo de la Consejería de Sanidad; Pablo Busca, gerente del servicio de ambulancias; y Antonio Burgueño, asesor del gobierno. Estos individuos son investigados por presunta discriminación en el acceso a la atención sanitaria, lo que ha generado un rayo de esperanza para las familias que buscan justicia.
A medida que avanza el proceso, las familias también han solicitado que las investigaciones se centralicen en un único juzgado, lo que podría simplificar y acelerar el camino hacia la verdad. La Audiencia Provincial tiene en sus manos la decisión que podría transformar el caso, permitiendo que un solo juez gestione la información acumulada durante años.
El impacto en las familias afectadas
La experiencia de asistir a los juzgados se ha convertido en rutina para Carmen y otros miembros de Marea de Residencias. A pesar del desgaste emocional que implica, su compromiso con la causa es inquebrantable. La historia de cada familia es un testimonio de la tragedia que vivieron y de la lucha por la dignidad de sus seres queridos. Carmen, que ha asistido a numerosas sesiones, reflexiona sobre el número de veces que ha estado en los juzgados: «¿Veinte? Me parece increíble que hayamos llegado a este punto».
La lucha por la verdad
La historia de Carmen y su colectivo se remonta a un momento en que los cuerpos de ancianos permanecían en camas de residencias, y la atención se había desvanecido. La incertidumbre reinaba en Madrid, y las autoridades aseguraban que las residencias estaban «medicalizadas», cuando la realidad era muy diferente. Las familias, al enterarse de la situación, comenzaron a organizarse para exigir justicia, dando origen a Marea de Residencias, un grupo que ha crecido en número y fuerza a lo largo de los años.
Las familias han presentado querellas contra altos funcionarios, señalando la falta de atención y el trato vejatorio que sufrieron sus seres queridos. A pesar de las dificultades legales y los reveses, han continuado su lucha, enfrentándose a un sistema que a menudo parece desoír sus voces. La historia de cada víctima se ha convertido en una pieza clave en la búsqueda de justicia y responsabilidad.
El camino hacia la justicia
A medida que se desarrollan las nuevas denuncias, las familias esperan que las investigaciones revelen la verdad detrás de las muertes en las residencias. La reciente denuncia colectiva por discriminación en el acceso a servicios públicos busca responsabilizar a aquellos que negaron asistencia a los ancianos durante la crisis. Este enfoque, menos gravoso que los homicidios imprudentes, podría abrir nuevas puertas en su búsqueda de justicia.
El apoyo social y legal ha crecido, lo que refuerza la determinación de las familias. Con el respaldo de expertos y la comunidad, los afectados han presentado nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de la investigación. La historia de Carmen y su lucha es un símbolo de la resistencia de aquellos que buscan justicia en medio de la adversidad.
En un ambiente de incertidumbre y dolor, Carmen entra en los juzgados de Navalcarnero, donde se encuentra con Francisco Javier Martínez Peromingo, un médico imputado por su papel en la gestión de los protocolos que llevaron a la muerte de su madre. A pesar de su incomodidad, Carmen se mantiene firme, decidida a buscar justicia no solo para su madre, sino para todas las víctimas que no tuvieron la oportunidad de recibir atención hospitalaria durante los días más críticos de la pandemia.0
