El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de anular la expulsión de un miembro de la Guardia Civil debido a irregularidades en el procedimiento disciplinario vinculado a casos de violencia de género.
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Un reciente fallo del Tribunal Supremo ha suscitado una considerable controversia en España al anular la expulsión de un agente de la Guardia Civil condenado por violencia de género. Esta decisión se fundamenta en diversas irregularidades en la notificación del procedimiento disciplinario que condujo a su separación del servicio.
La Sala de lo Militar determinó que el proceso no se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos, lo que ha obligado a la reincorporación del guardia civil a su puesto.
Detalles del caso y condena
En febrero de 2025, un agente fue condenado por violencia habitual y por cinco delitos de lesiones en el marco de la violencia de género.
Las penas impuestas incluyeron una condena de seis meses de prisión, así como la privación del derecho a poseer armas durante tres años y diversas medidas de alejamiento de la víctima. Además, el guardia civil deberá realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante 38 días por cada delito de lesiones.
Relación violenta y antecedentes
La sentencia expone una relación que, desde su inicio en 2025, estuvo marcada por un patrón de insultos, desprecios y agresiones físicas que se intensificaron con el tiempo. La víctima relató haber sufrido empujones y golpes, lo que culminó en un incidente grave en agosto de 2025, cuando el guardia civil se abalanzó sobre ella mientras dormía, requiriendo la intervención de su pareja y su hija. Otro episodio significativo ocurrió en noviembre de 2025, dentro de una de las viviendas del cuartel, donde el guardia agredió a la mujer arrojándola al suelo.
Proceso disciplinario y su invalidación
En abril de 2025, la ministra de Defensa tomó la decisión de separar del servicio a un guardia civil por una falta muy grave. No obstante, el agente impugnó esta sanción, alegando que el procedimiento disciplinario había caducado debido al incumplimiento de los plazos establecidos para notificar la decisión. La Sala de lo Militar verificó que la iniciación del expediente se produjo el 11 de octubre de 2024, y que la notificación de la sanción se realizó el 25 de abril de 2025, es decir, después de que el plazo legal había expirado.
Errores en la notificación
Durante el proceso, el abogado del Estado intentó justificar la notificación de la decisión en fechas festivas, lo cual fue considerado inválido por el Tribunal Supremo. La legislación establece que los plazos deben computarse únicamente con días hábiles, excluyendo festivos. Esta interpretación llevó al Tribunal a concluir que la falta de notificación adecuada resultó en la caducidad del expediente disciplinario.
Implicaciones de la decisión del Supremo
Como resultado de esta sentencia, el Tribunal Supremo ha ordenado la reincorporación del guardia civil, obligando a la Guardia Civil a restituir todos los derechos administrativos y económicos relacionados con la anulación de la sanción. No obstante, el Tribunal también ha dejado abierta la posibilidad de que el Ministerio de Defensa inicie un nuevo expediente disciplinario si la falta cometida no ha prescrito.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de los procedimientos legales y la relevancia de seguir los protocolos establecidos, especialmente en situaciones tan delicadas como la violencia de género. La comunidad permanece atenta ante los posibles efectos de esta decisión en el ámbito de la violencia de género y en la conducta de las fuerzas de seguridad.
