Los bancos expanden el código de buenas prácticas para apoyar a los hipotecados en situaciones de dificultad financiera.
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Ante la creciente preocupación por las dificultades que enfrentan muchos hipotecados debido a las recientes subidas de tipos de interés, la Asociación Española de Banca (AEB) ha decidido extender por un año más el código de buenas prácticas implementado en 2025.
Esta medida, que busca aliviar la carga financiera sobre las rentas medias, se discutió en una reciente reunión entre las principales asociaciones bancarias y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La reunión, que también abordó el tema del ciberfraude, resultó clave para definir el futuro de las medidas de apoyo a los hipotecados.
Durante este año adicional, los bancos se comprometen a seguir adhiriéndose de manera voluntaria a este código, que ha beneficiado hasta ahora a 7.747 hipotecados desde su creación. Sin embargo, solo 733 de ellos se han registrado en el presente ejercicio.
Detalles del nuevo código de buenas prácticas
El código de buenas prácticas se ha diseñado especialmente para las familias cuyos ingresos no superan 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en aproximadamente 39.000 euros anuales. Este código incluye medidas significativas, como la opción de ampliar el plazo de amortización de las hipotecas y una moratoria en el pago de intereses. Asimismo, los hipotecados tendrán la oportunidad de convertir su hipoteca de tipo variable a fijo, lo que podría ofrecerles una mayor estabilidad financiera.
Compromiso con la inclusión financiera
El ministro Cuerpo subrayó que este esfuerzo no solo se centra en asistir a quienes ya enfrentan problemas, sino que también busca prevenir futuros inconvenientes. Las entidades bancarias han destinado aproximadamente 7.000 millones de euros en tecnología para optimizar la seguridad y protección de sus servicios, como parte de su lucha contra el ciberfraude.
Asimismo, se ha anunciado la creación de una nueva entidad, denominada Brigada Antifraude, que colaborará estrechamente con el Ministerio de Transformación Digital y otros actores como las empresas de telecomunicaciones y el Banco de España. Esta brigada tendrá la responsabilidad de proponer medidas normativas necesarias y responder de manera ágil a situaciones de fraude, garantizando así una reacción eficaz ante cualquier eventualidad.
Desafíos en la lucha contra el fraude
A pesar de los esfuerzos realizados, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, destacó la complejidad de controlar los fraudes que afectan la privacidad de los clientes. La normativa vigente limita la capacidad de los bancos para compartir información sobre ciberdelincuentes, lo que agrava aún más la situación. Kindelán subrayó la necesidad de aumentar la conciencia social sobre los riesgos de fraude y la importancia de que los ciudadanos sean conscientes de su huella digital.
La voz de los usuarios
Desde la perspectiva de los consumidores, Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Asufin), destacó la urgencia de establecer un marco legal más robusto que proteja a los usuarios en casos de ciberfraude. Según Suárez, los clientes suelen cargar con la mayor parte de las pérdidas. Esto pone de relieve la necesidad de que los bancos y las empresas de telecomunicaciones colaboren de manera más efectiva en la prevención del fraude.
En esta línea, se discutió la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la esperanza de que este organismo pueda ofrecer un apoyo adicional en la recuperación de fondos defraudados. Asimismo, se está trabajando en un mapa nacional que mejore la accesibilidad a los servicios financieros, tanto en áreas urbanas como rurales. El objetivo es asegurar que todos tengan acceso a la información y recursos necesarios.
Estas iniciativas tienen como objetivo que el gobierno y las instituciones financieras ofrezcan un entorno más seguro y accesible para todos los ciudadanos. Se busca así enfrentar de manera proactiva los retos que presenta la actual situación económica, así como el creciente número de delitos cibernéticos.
