La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está impulsando la aprobación de una legislación que refuerce la gobernanza digital y asegure la protección integral de los usuarios.
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Durante un reciente discurso en el Congreso de los Diputados, Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), instó a los legisladores a aprobar un proyecto de ley que lleva más de un año en espera.
Esta legislación es fundamental para que el organismo pueda ejercer su autoridad sancionadora sobre los contenidos que circulan en las redes sociales. Este aspecto se torna cada vez más crucial en un entorno digital donde los derechos de los jóvenes y los consumidores están en riesgo.
La relevancia de la Ley de Servicios Digitales
Durante su intervención, el presidente Fernández subrayó que la propuesta, conocida como la Ley de Servicios Digitales, se fundamenta en la transposición de un reglamento europeo. Este reglamento busca regular el funcionamiento de las plataformas en línea y los grandes servicios digitales. Publicada en Bruselas en 2025, la norma establece directrices precisas sobre cómo deben operar las redes sociales, los intermediarios y los marketplaces, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de los usuarios.
Obligaciones de las plataformas digitales
El reglamento tiene como objetivo principal proteger a los usuarios y garantizar un entorno digital más seguro y transparente. Entre sus disposiciones, se destacan las obligaciones de retirada de contenidos ilícitos, gestión de riesgos sistémicos y la necesidad de ofrecer transparencia algorítmica sobre cómo se moderan los contenidos y se gestionan las publicidades. Este enfoque es esencial para promover una competencia leal y beneficiar al consumidor.
El estado actual del proyecto de ley
A pesar de la relevancia de esta legislación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún carece de los poderes necesarios para imponer sanciones. Según afirma Fernández, la falta de aprobación ha llevado a que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España, llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación resalta la necesidad urgente de establecer un marco legal que permita a la CNMC actuar de manera efectiva.
Iniciativas del Gobierno y sus desafíos
El Gobierno ha intentado abordar esta situación a través de la Ley de Servicios Digitales, incluida en un decreto legislativo que fue rechazado por el Congreso. A raíz de esto, se aprobó un anteproyecto que se ha convertido en el “Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. Sin embargo, este último aún se encuentra en proceso de tramitación, lo que impide a la CNMC actuar de manera efectiva.
Consecuencias de la falta de legislación
La presidenta de la CNMC, María Fernández, ha destacado las repercusiones negativas que puede generar la demora en la aprobación de un marco legal adecuado. Esta situación limita al organismo en el ejercicio de muchas de sus funciones y dificulta la contratación de personal específico para estas tareas. “La aprobación del proyecto de ley de Gobernanza Democrática ampliará significativamente nuestra capacidad para proteger a los usuarios”, aseguró Fernández, haciendo un llamado a todos los grupos políticos para que colaboren en la aprobación de esta legislación esencial.
La situación actual presenta un desafío significativo. En un entorno donde los contenidos digitales se multiplican y las redes sociales son fundamentales en la vida de los jóvenes, la necesidad de una regulación efectiva se vuelve crucial. Por ello, es imperativo que la CNMC cuente con las herramientas necesarias para proteger los derechos de los consumidores y asegurar un ambiente digital más seguro para todos.
