Las declaraciones de Albares sobre el Sáhara generan interrogantes y descontento en el Congreso.
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El reciente debate en el Congreso de los Diputados sobre la situación del Sáhara Occidental ha revelado la creciente tensión en torno a la postura del gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se presentó ante la cámara para discutir la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Sin embargo, su intervención fue criticada por la falta de claridad y por evadir cuestiones fundamentales.
Desde el cambio de postura del gobierno español en marzo de 2025, las críticas han sido constantes. Durante la sesión, varios diputados, incluyendo a Jon Iñarritu de EH Bildu, cuestionaron la coherencia de las afirmaciones de Albares, quien fue comparado con un “wazir” o ministro marroquí, en lugar de un representante español.
Esta comparación pone de relieve la percepción de que el gobierno prioriza los intereses marroquíes sobre los derechos del pueblo saharaui.
Falta de respuestas claras sobre el Sáhara
Durante su intervención, Albares realizó una lectura selectiva de la resolución de la ONU, citando un fragmento que respalda la propuesta de autonomía de Marruecos, pero omitiendo el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Esto ha generado un descontento significativo entre los partidos de oposición, que exigen una postura más firme y transparente del gobierno español.
El fragmento que Albares presentó como respaldo a su postura fue criticado por ser incompleto. La resolución también establece que las negociaciones deben llevarse a cabo sin condiciones previas, un aspecto que el ministro ignoró. Esta omisión no pasó desapercibida para otros parlamentarios, quienes señalaron que el enfoque del gobierno no solo es erróneo, sino que también contradice el derecho internacional.
Respuestas evasivas y la reacción de los parlamentarios
Durante la sesión, Albares fue interpelado por varios diputados que exigieron claridad sobre la posición del gobierno respecto a la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, el ministro no ofreció respuestas concretas y se limitó a reiterar que la posición de España es coherente con la ONU. Esta falta de respuesta ha suscitado críticas de numerosos legisladores, quienes consideran que el gobierno está evitando abordar preocupaciones legítimas relacionadas con el Sáhara.
La diputada de Sumar, Tesh Sidi, expresó su frustración, afirmando que cualquier información sobre concesiones a Marruecos sería revelada a través de fuentes marroquíes, no por el propio gobierno español. Esta crítica refleja la desconfianza hacia un ejecutivo que parece más alineado con los intereses de Marruecos que con la situación de los saharauis.
El impacto de la resolución en la política exterior española
La resolución 2797, adoptada el 31 de octubre, ha generado un debate sobre la política exterior de España y su relación con Marruecos. Albares destacó que el documento reafirma la postura española, pero su interpretación ha sido cuestionada por analistas y expertos en relaciones internacionales. Muchos argumentan que la resolución refleja un ejercicio contradictorio que no respeta el estatus jurídico del Sáhara Occidental como territorio no autónomo y pendiente de descolonización.
El diplomático del Frente Polisario, Abdulah Arabia, subrayó que la respuesta del ministro fue más una evasiva que una justificación válida. A su juicio, el gobierno español debe adoptar una estrategia política más audaz respecto a Marruecos, dado que esto influye no solo en el futuro del Sáhara, sino también en la estabilidad de territorios como Ceuta, Melilla y Canarias.
La reacción de la comunidad internacional
La comunidad internacional ha mostrado posturas diversas acerca de la resolución adoptada por la ONU. Países como Eslovenia, Pakistán y Dinamarca han enfatizado que el texto no puede imponer una solución en contra de la voluntad del pueblo saharaui. Esta perspectiva contrasta con la interpretación que hace el gobierno español, generando un clima de incertidumbre sobre las verdaderas intenciones detrás de su política exterior.
Las declaraciones de Albares no solo han suscitado críticas internas, sino que también han puesto en entredicho la credibilidad de España en el ámbito internacional. Al ignorar el derecho a la autodeterminación, el ministro ha dejado entrever que la política exterior española podría estar más en sintonía con los deseos de Marruecos que con las necesidades de los saharauis, lo que podría tener repercusiones a largo plazo.
