Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso han sido liberados bajo medidas cautelares en el marco de una investigación por irregularidades en contratos públicos.
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En un desarrollo reciente, la Audiencia Nacional ha decidido otorgar libertad provisional a Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, y el empresario Antxon Alonso. Este fallo se produce en el contexto de una investigación que abarca cinco operaciones, cuyo monto total asciende a 132 millones de euros, relacionadas con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
La decisión fue tomada por el magistrado Antonio Piña, quien ha impuesto una serie de medidas cautelares a los tres investigados, las cuales incluyen la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado y la prohibición de abandonar el país.
Esta medida busca garantizar que los implicados permanezcan disponibles para el avance de la investigación, que se encuentra bajo secreto debido a su naturaleza delicada.
Detalles de la investigación en curso
La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado a cabo más de una veintena de registros en relación con las operaciones sospechosas. Durante las declaraciones, que comenzaron a las 11 de la mañana, tanto Leire Díez como Antxon Alonso optaron por no declarar, citando la existencia del secreto del caso como razón para su silencio. Sin embargo, Vicente Fernández sí respondió a las preguntas del magistrado, negando su implicación en cualquier irregularidad.
Implicaciones legales y antecedentes
Los hechos que se investigan están relacionados con presuntos pagos de comisiones ilegales y amaños en contratos públicos. Durante el interrogatorio, se exploró la relación de Vicente Fernández con la empresa Servinabar, de la cual Antxon Alonso es propietario. Esta relación es clave en el contexto de la investigación, ya que se sospecha que Fernández pudo haber utilizado su influencia dentro de la SEPI para favorecer a esta empresa.
Vicente Fernández asumió la presidencia de la SEPI en 2018, en un momento de cambio gubernamental, y ocupó el cargo durante un año y medio, hasta su destitución tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, del que recientemente fue absuelto. A pesar de su absolución, los investigadores creen que pudo haberse beneficiado de su posición en la entidad estatal.
Reacciones y próximos pasos en el caso
Tras la liberación de los implicados, la opinión pública ha estado atenta a los desarrollos del caso. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha estado activa en la recopilación de pruebas, realizando registros en diversas entidades que dependen de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Estas acciones buscan esclarecer la naturaleza de las irregularidades y determinar si hubo un uso indebido de los fondos públicos.
La situación de Leire Díez es particularmente compleja, ya que enfrenta una segunda investigación relacionada con presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En esta ocasión, las autoridades sospechan que pudo haber colaborado con un empresario para obtener información comprometedora sobre fiscales y otros funcionarios involucrados en la investigación.
El futuro de los investigados
Los tres liberados han salido de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los medios, lo que ha generado aún más especulaciones sobre su implicación en el caso. La mayoría de los expertos legales coinciden en que las restricciones impuestas podrían ser una señal de que la investigación está lejos de concluir. La obligación de comparecer quincenalmente y la prohibición de salir del país son medidas que subrayan la seriedad de las acusaciones y la necesidad de un seguimiento cercano por parte de las autoridades.
A medida que la investigación avanza, se espera que se revelen más detalles sobre la magnitud de las irregularidades y la posible implicación de otros actores en este escándalo. La transparencia y la justicia serán cruciales para restaurar la confianza en las instituciones públicas y asegurar que se tomen las medidas adecuadas contra la corrupción.
