Los opositores al proceso de selección para la policía local en Extremadura han expresado su preocupación por posibles irregularidades en la designación del tribunal evaluador.
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El proceso de selección para el Tribunal Único de Policía Local de la Junta de Extremadura, que este año ofrecía 68 plazas, ha suscitado un intenso debate entre los opositores. Las acusaciones apuntan directamente al consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, quien ha sido señalado por haber designado a dedo a los integrantes del tribunal, en contravención de la normativa que exige un sorteo para su elección.
Entre las preocupaciones manifestadas por los opositores, destaca la reciente incorporación del municipio de Badajoz al tribunal, que aporta 22 plazas, lo que representa más del 30% del total. Esta decisión fue tomada tras una negativa inicial a participar en el proceso, lo que ha generado aún más dudas sobre la transparencia de la selección.
Acusaciones de favoritismo y vínculos personales
Un opositor ha compartido su experiencia con este medio, presentando una serie de denuncias que ponen en entredicho la imparcialidad del proceso. En concreto, se ha recusado a uno de los miembros del tribunal, el inspector de policía Jesús G. G., quien, según las alegaciones, posee un interés profesional directo en el resultado del proceso, dado que varias plazas se destinan al ayuntamiento donde trabaja.
Relaciones cuestionables
Las preocupaciones no terminan ahí. Se ha señalado que el inspector tiene lazos personales y profesionales con dos oficiales de la Policía Local de Badajoz, quienes dirigen academias privadas de preparación de oposiciones. Estas academias, que cuentan con un interés claro en el éxito de sus alumnos, levantan sospechas sobre la objetividad del proceso de selección. Este vínculo se considera relevante, ya que podría interpretarse como una causa de abstención en la legislación vigente.
Además, se ha documentado la existencia de mensajes previos que alertaban sobre calificaciones inusualmente altas obtenidas por ciertos aspirantes vinculados a estas academias, aunque inicialmente no se promovió la recusación por prudencia. Sin embargo, la situación cambió tras la controversia generada por dos supuestos prácticos que, según los denunciantes, fueron redactados de manera ambigua, permitiendo múltiples interpretaciones y respuestas defendibles.
Incongruencias en el examen práctico
El examen práctico, crucial en el proceso, ha sido objeto de críticas severas. Los opositores afirman que las preguntas eran confusas y algunas incluso no tenían respuesta válida. Se ha destacado que uno de los supuestos prácticos contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que genera aún más dudas sobre la validez del proceso.
Impacto en las calificaciones finales
Estas irregularidades han tenido un impacto notable en las calificaciones finales. Se ha observado que algunos aspirantes que habían obtenido calificaciones medias en el examen teórico lograron puntuaciones sobresalientes en la prueba práctica, mientras que otros, que habían destacado en el examen previo, vieron su rendimiento caer drásticamente. La mayoría de los beneficiados en esta última prueba están relacionados con la misma academia de preparación en Badajoz, cuyo director es un amigo del inspector que forma parte del tribunal, lo que refuerza las sospechas de un posible conflicto de intereses.
Para complicar aún más la situación, existe la conexión familiar del consejero Bautista, cuya esposa, Gema María Cortés, es concejala de Policía Local en Badajoz. Esta red de relaciones entre el tribunal, la academia de preparación y los funcionarios locales agrava la percepción de que el proceso de selección carece de la transparencia necesaria.
Próximos pasos y urgencia de una revisión
El clima de incertidumbre en torno a este proceso de selección ha llevado a muchos opositores a cuestionar la legitimidad del mismo. La denuncia ha puesto de relieve no solo las posibles irregularidades en la elección del tribunal, sino también la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso para garantizar que todos los aspirantes tengan una oportunidad justa y equitativa.
La situación actual plantea la necesidad de una respuesta clara por parte de las autoridades competentes, quienes deben asegurar que las leyes se respeten y que la confianza en el sistema de selección de la policía local se restablezca. Solo así se podrá garantizar que el proceso sea verdaderamente justo y transparente.
