El Tribunal Supremo ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso en su solicitud de acogida para menores que buscan asilo, reforzando así su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la atención a los refugiados.
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El Tribunal Supremo de España ha emitido una resolución que respalda la solicitud presentada por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. Esta medida cautelar exige al Gobierno central que, en un plazo de 30 días, asegure que los menores no acompañados bajo el cuidado de los servicios de protección de la comunidad puedan acceder al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional si desean solicitar asilo.
Este fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, proviene de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal. Se refiere específicamente a aquellos menores que han solicitado protección internacional o que han manifestado su intención de hacerlo, enfatizando la necesidad de colaboración con la comunidad autónoma implicada.
Detalles de la resolución del Tribunal
Los magistrados han indicado que las acciones que se tomen deben siempre considerar el interés superior del menor, un principio que guía la legislación en este ámbito. Al finalizar el mes estipulado, el Gobierno tiene la obligación de informar al Tribunal Supremo sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta exigencia.
Este caso surge tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Comunidad de Madrid, que había solicitado previamente al Gobierno central la adopción de medidas para la protección de estos menores.
Comparativa con otras comunidades autónomas
El Tribunal Supremo ha fundamentado su decisión en dos autos previos, emitidos en marzo y junio, que otorgaron medidas cautelares a Canarias respecto a los menores extranjeros solicitantes de asilo. Los magistrados han señalado que la naturaleza del problema es esencialmente similar, ya que ambos casos involucran a menores solicitantes de asilo que están bajo la atención de la comunidad autónoma correspondiente o que no están integrados en el sistema nacional.
A pesar de las similitudes, el Tribunal ha reconocido que existen diferencias significativas entre ambos contextos, principalmente en relación al número de menores involucrados. En el caso de Madrid, se habla de un rango de entre 38 y 50 menores, muy por debajo de los miles que enfrentaban situaciones críticas en Canarias.
Implicaciones de la decisión del Supremo
El Tribunal ha argumentado que la cantidad de menores afectados no debe ser un obstáculo para implementar la medida cautelar solicitada. Consideran que sería ilógico esperar a que se produjera un hacinamiento antes de actuar para proteger los derechos de los menores, los cuales están claramente establecidos en la legislación nacional y europea.
Así, el Tribunal reafirma la responsabilidad del Estado para garantizar el cumplimiento de estos derechos, subrayando que la protección de los menores debe ser una prioridad, independientemente de las circunstancias numéricas.
Esta resolución del Tribunal Supremo ha tenido un impacto significativo en el debate sobre la acogida de menores en España, especialmente en un contexto donde la gestión de la inmigración y las solicitudes de asilo está bajo el escrutinio público. La decisión de respaldar a Ayuso no solo fortalece su posición política, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades de estos menores en un marco tan complejo como el actual.
La situación de los menores no acompañados es un tema delicado, que requiere un enfoque integral y coordinado entre las distintas administraciones. La decisión del Tribunal podría marcar un precedente importante en la forma en que se abordan y gestionan las solicitudes de asilo en el futuro.
