La investigación sobre Begoña Gómez y su asistente avanza con el respaldo del sistema judicial, en medio de acusaciones de malversación de fondos.
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La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado las indagaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asistente, Cristina Álvarez. Los magistrados han manifestado sus reservas respecto a la elección de Álvarez para el cargo, sugiriendo que no se justifica la designación de una amiga íntima en lugar de un funcionario experto en protocolo.
En un reciente fallo, la Sección 23 de la Audiencia ha desestimado el recurso presentado por Gómez y Álvarez, quienes solicitaban ser excluidas de la investigación. Según el tribunal, esta situación resulta inusual, dado que habitualmente se asigna a un profesional con experiencia en asuntos protocolarios para asistir a la esposa del presidente, en lugar de a alguien de su círculo personal.
Contexto de la investigación
La pesquisa del juez Peinado se centra en las posibles irregularidades cometidas por Álvarez al ayudar a Gómez en actividades relacionadas con su labor en la Universidad Complutense de Madrid. En particular, se examina su participación en la dirección de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, donde se sospecha que pudo haber desvíos de recursos.
Funciones y responsabilidades
Los jueces han advertido que las actividades de Álvarez podrían sobrepasar las funciones típicas de su cargo. Según el dictamen, la dedicación de Álvarez parece más afín a la de una amiga involucrada en intereses personales que a la de una asistente encargada de gestionar la agenda y el protocolo de la esposa del presidente. Este aspecto ha llevado a los magistrados a considerar que su papel podría estar vinculado a un posible plan delictivo.
Aspectos legales del caso
La Audiencia ha subrayado que el delito de malversación no se limita únicamente al desvío de fondos. Este delito también abarca el uso indebido de bienes o derechos con valor económico, incluyendo el tiempo y los esfuerzos de empleados públicos en actividades ajenas al servicio público. Por lo tanto, la utilización de personal público para fines privados puede resultar en un perjuicio administrativo.
Implicaciones para el delegado del Gobierno
Recientemente, el juez Peinado archivó la causa contra Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid. Aguirre había sido investigado por su supuesta implicación en la contratación de Álvarez. La Audiencia ya había determinado que no existían evidencias que justificaran su inclusión en la investigación. Esta decisión generó alivio en Martín Aguirre, quien había estado bajo presión durante meses.
A pesar de la decisión favorable, el delegado ha reiterado su deseo de que se haga justicia. Este contexto se ve marcado por una notable presión política y mediática. La situación ha generado cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial y su capacidad para actuar con imparcialidad.
El juez Peinado ha continuado con su labor investigativa. Espera obtener más información de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y diversas empresas vinculadas a la cátedra. Este será un paso clave para esclarecer el alcance de las actividades de Álvarez y la posible intervención de otros funcionarios en la administración pública.
La investigación continúa avanzando. La opinión pública observa con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro cercano. La resolución del caso podría tener repercusiones significativas tanto para los involucrados como para la percepción del Gobierno en su conjunto.
