Un operativo exhaustivo desvela el fraude de hidrocarburos con implicaciones criminales significativas.
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Recientemente, España ha sido escenario de una de las operaciones policiales más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en el sector de los hidrocarburos. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) llevó a cabo esta acción el dos de diciembre, donde se realizaron múltiples registros en diversas ubicaciones, incluyendo la capital y una finca en Ávila.
Esta intervención se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre dos operadoras de hidrocarburos que enfrentan acusaciones de fraude fiscal, específicamente por no abonar el IVA correspondiente.
El entramado criminal y sus operaciones
Las operadoras implicadas, Biomar y BioZenite, están en el centro de un escándalo que asciende a cerca de 300 millones de euros en impuestos no pagados.
Según las autoridades, estas empresas implementaban tácticas ilegales para ofrecer precios de combustible significativamente más bajos que sus competidores, al no cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta estrategia, que se asemeja a un esquema previamente visto en Italia, les permitió dominar el mercado a pesar de las preocupaciones de otras compañías del sector.
Detalles de la operación policial
Durante la intervención, se localizaron no solo documentos incriminatorios, sino también un arsenal de 44 armas, un taller clandestino de modificaciones de armamento, y un vehículo militar blindado conocido como BMR, que cuenta con un cañón ametrallador. Este hallazgo se produjo en una propiedad vinculada a los sospechosos, lo que llevó a la UDEF a profundizar en sus actividades.
Además, los registros revelaron un patrimonio considerable que incluye 60 vehículos de lujo, 167 relojes de alta gama y más de 130.000 euros en efectivo. Las autoridades han bloqueado cuentas que superan los 12,5 millones de euros y han inmovilizado más de 3,6 millones de litros de combustible.
Implicaciones legales y la respuesta de Biomar
El avance de esta investigación ha llevado a la detención de ocho individuos, quienes enfrentan múltiples cargos, incluyendo blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Entre ellos, se encuentran los líderes de la trama, quienes, a pesar de las acusaciones, han logrado obtener libertad provisional bajo ciertas condiciones, como la entrega de sus pasaportes y la obligación de presentarse ante la justicia cada quince días.
Reacción de Biomar ante las acusaciones
En respuesta a su inhabilitación como operador de hidrocarburos, Biomar ha iniciado acciones legales contra funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica, alegando que las sanciones impuestas no se sustentan en la legalidad. A pesar de que la Fiscalía archivó una querella por prevaricación presentada por la empresa, la situación legal de Biomar continúa siendo crítica, con una deuda de 119 millones de euros con la Hacienda Pública.
La investigación se ha intensificado desde principios de 2025, cuando la UDEF comenzó a rastrear transacciones sospechosas en el sector de hidrocarburos. Los investigadores identificaron un patrón de irregularidades que indicaba la existencia de un solo grupo criminal detrás de las operadoras, lo que ha llevado a un enfoque más riguroso por parte de las autoridades fiscales.
Consecuencias del fraude y el futuro del sector
La magnitud del fraude descubierto no solo plantea serias preguntas sobre la gobernanza en el sector de los hidrocarburos, sino que también plantea un desafío para la Agencia Tributaria en su intento de recuperar los fondos perdidos. La posible sanción económica por parte de la Agencia podría superar los 40 millones de euros adicionales relacionados con el incumplimiento de normativas sobre biocombustibles, lo que aumentaría aún más la presión sobre estas operadoras.
El impacto de esta operación va más allá de lo financiero, ya que también pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el sector de hidrocarburos en España. A medida que se desarrollan los eventos, será crucial observar cómo las autoridades continúan su lucha contra estas prácticas ilegales y aseguran la integridad del mercado.
En conclusión, la reciente operación contra el fraude de hidrocarburos revela un entramado criminal complejo que ha operado a la sombra del sector, poniendo en tela de juicio la efectividad de los controles fiscales existentes y la necesidad de una reforma integral en la supervisión de este ámbito económico.
