La fiscalía solicita la anulación de la condena impuesta a García Ortiz, fundamentando su petición en la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial.
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Recientemente, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha decidido presentar un incidente de nulidad relacionado con la condena impuesta a Álvaro García Ortiz. Este individuo fue inhabilitado por un periodo de dos años debido a un delito de revelación de secretos.
El caso se origina a partir de la filtración de un correo vinculado a la investigación fiscal sobre el compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En su escrito, revelado por El Español y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscal argumenta que la sentencia ha comprometido la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
Según su criterio, se han desestimado deliberadamente testimonios que podrían haber llevado a la absolución de García Ortiz.
Argumentos de la fiscalía sobre la nulidad
Uno de los puntos centrales de la impugnación radica en que el tribunal no consideró las declaraciones de varios periodistas que testificaron durante el juicio. Estos afirmaron haber recibido el correo en cuestión antes que García Ortiz. Este mensaje, enviado el 2 de febrero, contenía información sobre un posible acuerdo con la fiscalía relacionado con dos delitos fiscales.
Testimonios omitidos y su relevancia
La fiscal enfatiza que la sentencia que condenó a García Ortiz incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso. Sin embargo, argumenta que el fallo ignora las declaraciones de numerosos testigos que podrían haber influido en el resultado del juicio. Considera inaceptable la decisión de los cinco magistrados, quienes ajustaron la condena de forma inesperada. A pesar de que algunos periodistas accedieron al correo por fuentes externas, este hecho no fue considerado relevante por el tribunal.
Sánchez Conde respalda su postura en los votos particulares de las juezas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes abogaron por la absolución. Ellas también señalaron que el correo ya había sido divulgado antes de que llegara a manos de García Ortiz. Esto evidencia que, cuando el fiscal general recibió la información, ya no era un secreto.
Las implicaciones legales de la sentencia
El reciente incidente de nulidad pone de relieve cómo el tribunal ha gestionado la acusación. Según la fiscal, el hecho de que la redacción de una nota de prensa se haya considerado parte del delito representa un cambio significativo en el proceso. Inicialmente, esta redacción no era vista como delictiva; sin embargo, su inclusión posterior como conducta punible podría afectar gravemente el derecho a la defensa del acusado.
La naturaleza del delito de revelación de secretos
La sentencia establece que, aunque un dato sea de conocimiento público, si un funcionario lo revela nuevamente, se incurre en un delito. Este razonamiento ha sido puesto en entredicho por la teniente fiscal, quien sostiene que tal interpretación se aparta de lo que el legislador define como delito de revelación de secretos. Según ella, una vez que la información ha sido divulgada, deja de ser considerada secreta.
Asimismo, la Sala argumentó que la decisión de García Ortiz de no dimitir obstaculizó el análisis sobre si su incumplimiento del deber de confidencialidad era meramente un asunto administrativo. La fiscal ha señalado que esta lógica es discutible y que no se deben atribuir conductas delictivas basándose en la falta de previsión de sanciones disciplinarias.
Análisis de la situación actual
La fiscal ha expresado su opinión sobre la indemnización de 10.000 euros por daños morales, considerándola desproporcionada. Argumenta que el contenido divulgado tuvo un impacto mínimo, ya que se trataba de información que ya era de dominio público. Además, sostiene que el fiscal general no desempeñó un papel activo en las críticas hacia González Amador, lo que complica la justificación del monto solicitado.
Este incidente de nulidad pone de manifiesto las tensiones presentes en el sistema judicial español, especialmente en casos que involucran a figuras públicas y la gestión de información sensible. La defensa de los derechos fundamentales y la búsqueda de justicia continúan siendo temas centrales en este debate, que refleja la complejidad y la delicadeza del contexto judicial actual.
