Las recientes regulaciones implementadas en Israel impactan de manera significativa las operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania.
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En un movimiento que ha generado una notable controversia, el gobierno israelí ha decidido revocar los permisos de operación de más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan en Gaza. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, se interpreta como un intento de Tel Aviv por controlar la información de estas instituciones y sus empleados.
Los nuevos requisitos establecidos por Israel obligan a las ONGs a proporcionar datos detallados sobre sus trabajadores palestinos, así como información sobre su financiación y sus posturas políticas. Preguntas fundamentales, como si apoyan el boicot a Israel o si promueven campañas de deslegitimación, son ahora esenciales para continuar con sus actividades humanitarias en la región.
Impacto de las restricciones en Gaza
La salida de estas ONGs tendrá un impacto severo en la asistencia humanitaria que recibe la población de Gaza. Según datos recientes, se estima que estas organizaciones son responsables del funcionamiento de un tercio de los centros médicos en la zona y aportan anualmente cerca de mil millones de dólares en ayuda. Entre las ONGs afectadas se encuentra Médicos Sin Fronteras, que atiende alrededor del 20% de las hospitalizaciones en Gaza y ha sido un pilar fundamental en la atención a la salud en el territorio.
Reacciones de las organizaciones afectadas
Las organizaciones notificadas sobre la revocación de su licencia han expresado su preocupación, argumentando que compartir la información solicitada por Israel violaría sus obligaciones legales internacionales. Sin embargo, el gobierno ha defendido su postura, señalando que la ayuda humanitaria no debe ser utilizada con fines terroristas. El ministro Amichai Chikli enfatizó que la asistencia humanitaria es bien recibida, pero que deben respetarse las normas de seguridad.
Reacciones internacionales y críticas
La decisión de Israel ha desatado una ola de críticas a nivel internacional. Un grupo de países aliados, incluidos Canadá, Japón y varias naciones europeas, han expresado su preocupación por las posibles consecuencias que estas restricciones pueden acarrear para la población de Gaza. En un comunicado conjunto, denunciaron las condiciones “catastróficas” en las que se encuentran los gazatíes, quienes enfrentan un invierno severo sin refugio adecuado.
El papel de la ONU y la situación actual
La Organización de las Naciones Unidas ha calificado las nuevas regulaciones como “vagas” y “arbitrarias”. Se ha advertido que la expulsión de actores humanitarios de Gaza podría llevar a un colapso en el acceso a servicios esenciales. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) también se ha visto afectada, ya que su funcionamiento podría verse comprometido por las nuevas leyes que permiten la confiscación de propiedades y limitan su capacidad de operar.
A medida que se acerca la fecha límite para que las ONGs restantes cumplan con los requisitos, la situación humanitaria en Gaza se vuelve cada vez más crítica. Las organizaciones han expresado su urgencia en encontrar soluciones que les permitan continuar su labor vital en la región. No obstante, el gobierno israelí parece decidido a mantener su postura, lo que podría acarrear un futuro incierto para la asistencia humanitaria en Gaza.
