Las recientes regulaciones en Israel han resultado en la expulsión de destacadas ONG de Gaza, lo que podría intensificar la crisis humanitaria en la región.
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La situación humanitaria en Gaza se vuelve cada vez más crítica tras la decisión del gobierno israelí de revocar los permisos de operación de más de 30 organizaciones no gubernamentales. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero, impacta a un porcentaje significativo de las ONG que trabajan en la región y ha suscitado amplias preocupaciones a nivel internacional.
Desde marzo, el gobierno de Beniamin Netanyahu había establecido un plazo para que las organizaciones adaptaran sus operaciones a nuevas directrices que, aunque aparentan ser meramente administrativas, buscan obtener información confidencial sobre los empleados y las actividades de estas instituciones.
Exigencias de Israel a las ONG
Las nuevas normativas exigen a las ONG que proporcionen información detallada sobre sus empleados palestinos, sus fuentes de financiamiento y sus posiciones políticas. Preguntas como si las organizaciones rechazan la existencia de Israel como un estado judío o si respaldan campañas de boicot son ahora requisitos para poder operar en Gaza.
El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, ha señalado que el objetivo es asegurar que la ayuda humanitaria no se utilice con fines terroristas. Esta postura ha llevado a que organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) se encuentren entre las instituciones que han decidido no cumplir con estas exigencias, alegando que hacerlo violaría sus compromisos con el derecho internacional.
Consecuencias de la expulsión
La salida de estas ONG podría tener un efecto devastador en la población de Gaza, donde la ayuda no gubernamental es crucial para el funcionamiento de muchos centros de salud. Se estima que una de cada tres instalaciones médicas en la región depende de esta asistencia, que representa un flujo anual de mil millones de dólares en ayuda.
La expulsión de MSF es particularmente preocupante, ya que esta organización atiende a una de cada cinco personas hospitalizadas en Gaza. La situación se complica aún más por las acusaciones de Israel hacia MSF, que incluyen la supuesta inclusión de empleados vinculados a organizaciones militantes, lo que ha llevado a un clima de desconfianza y hostilidad.
Reacción internacional
La medida ha generado una reacción negativa a nivel mundial, con varios países expresando su preocupación por el impacto que tendrá en la ya frágil situación humanitaria en Gaza. En un comunicado conjunto, ministros de Canadá, Japón y varias naciones europeas han calificado las nuevas restricciones como “inaceptables” y han advertido que podrían resultar en un “impacto severo” en la población local.
La situación se ve agravada por la reciente aprobación en la Knesset de una ley que permite confiscar propiedades de la UNRWA, la agencia de la ONU que asiste a millones de refugiados palestinos. Esta legislación no solo limita las operaciones de la UNRWA, sino que también podría llevar a la interrupción de los servicios básicos y la ayuda humanitaria en la región.
La voz de las organizaciones humanitarias
Más de 200 organizaciones firmaron un comunicado alertando sobre las consecuencias de la expulsión de actores humanitarios de Gaza, señalando que esto podría resultar en un “impacto catastrófico” en el acceso a servicios esenciales. La UNRWA, que ya enfrenta múltiples desafíos, también ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia y la falta de seguridad para sus trabajadores en el territorio.
A medida que se acerca la fecha límite para la revocación de permisos, las organizaciones humanitarias se encuentran en una encrucijada, debatiéndose entre la necesidad de ayudar a la población y las restricciones impuestas por Israel. El futuro de la ayuda humanitaria en Gaza parece más incierto que nunca, y las consecuencias de estas decisiones pueden ser devastadoras para la población afectada.
