Descubre la perspectiva del magistrado Vicente Magro sobre la necesidad imperiosa de implementar la perspectiva de género en el sistema judicial.
Temas cubiertos
En el contexto actual de la violencia de género, el magistrado Vicente Magro, miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha consolidado como una figura clave en la evaluación y mejora de los mecanismos legales de protección para las víctimas.
Con más de dos décadas de experiencia en este ámbito, Magro ha defendido con fervor la aplicación de la perspectiva de género en el procedimiento penal español, destacando su relevancia en la lucha contra este tipo de violencia.
La creciente preocupación social por la violencia de género se refleja en las estadísticas: cada dos minutos se presenta una denuncia en España.
Este fenómeno, aunque alarmante, no necesariamente implica un aumento en los casos de maltrato, sino que podría sugerir una mayor disposición de las víctimas para denunciar. Sin embargo, solo una pequeña fracción de los incidentes se reporta. Estudios indican que se registran aproximadamente 700,000 casos anuales de violencia de género, de los cuales solo se denuncia alrededor del 30%. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y la confianza que las víctimas depositan en él.
El impacto de la perspectiva de género en la justicia
La perspectiva de género es esencial para fortalecer la confianza de las víctimas en el sistema judicial. Magro sostiene que esta perspectiva permite una valoración más adecuada de las pruebas en casos de violencia de género, distanciándose de la simple aplicación de normas. Para el magistrado, es fundamental entender que la violencia de género no es un delito como cualquier otro; se diferencia de crímenes como el robo o el hurto, ya que implica un contexto de intimidad y confianza que se ve traicionado. La violencia ejercida por una pareja o expareja es un ataque directo a la dignidad y la seguridad de la víctima.
Reforzando la comunicación y la confianza
Con el fin de mejorar la respuesta del sistema judicial, Magro enfatiza la importancia de crear un entorno donde las víctimas se sientan cómodas y seguras al presentar su testimonio. Esto incluye la posibilidad de que las víctimas puedan declarar a través de videoconferencia, evitando situaciones de revictimización al tener que estar frente a su agresor durante el proceso judicial. La implementación de estas medidas es crucial para fomentar una comunicación abierta y efectiva entre las víctimas y el sistema judicial.
El papel de la inteligencia artificial en la protección de víctimas
El magistrado también aborda el uso de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta valiosa para la evaluación del riesgo en casos de violencia de género. Esta tecnología puede ayudar a recopilar datos relevantes y ofrecer un análisis más preciso de las circunstancias que rodean cada caso. Al recibir una denuncia, es vital realizar una valoración exhaustiva del riesgo que corre la víctima. La IA puede procesar información y generar informes que indiquen la probabilidad de que un hecho violento se repita, lo que resulta en una mejor toma de decisiones por parte de las autoridades.
La IA como apoyo, no como reemplazo
Aunque la IA presenta grandes ventajas, Magro aclara que no debe ser vista como un reemplazo del juicio humano. La tecnología debe servir como una herramienta auxiliar para los jueces y otros operadores del sistema judicial. La toma de decisiones debe seguir siendo una responsabilidad humana, apoyada por la información y el análisis que la inteligencia artificial puede proporcionar. Esto garantiza que el poder judicial mantenga su autoridad y, al mismo tiempo, actúe con mayor eficacia.
Reconocimiento de la violencia económica y su impacto
Además, Vicente Magro subraya la necesidad de reconocer la violencia económica como un tipo de violencia en sí misma. Este tipo de abuso puede manifestarse de múltiples formas, como la restricción del acceso a recursos financieros, la limitación de oportunidades laborales o el control estricto de los ingresos de la víctima. Magro aboga por la creación de un delito específico en el Código Penal que contemple la violencia económica, ya que es fundamental para proporcionar una protección integral a las víctimas.
La lucha contra la violencia de género debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad y del sistema judicial. La falta de confianza en el sistema puede llevar a las víctimas a no denunciar, perpetuando así la violencia. Por lo tanto, es esencial que se implementen medidas efectivas y se mantengan recursos adecuados para abordar estos problemas de manera rápida y eficaz.
