La Generalitat de Valencia está revisando las liquidaciones de hospitales privados para recuperar fondos tras la pandemia.
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En un contexto marcado por los estragos de la pandemia de coronavirus, la Generalitat Valenciana se encuentra en plena revisión de las liquidaciones económicas realizadas a hospitales y áreas de salud privatizadas. Este esfuerzo surge tras el aviso del Consell Jurídic Consultiu, el órgano consultivo que ha indicado la posibilidad de que las concesionarias hayan obtenido beneficios indebidos debido a la forma en que se actualizaron las compensaciones financieras durante los años críticos de la crisis sanitaria.
Contexto de la revisión de liquidaciones
El sistema de salud enfrentó una presión sin precedentes. La Conselleria de Sanidad, bajo la dirección de Marciano Gómez, aprobó liquidaciones que ahora son objeto de análisis. La revisión se centra en la cláusula 19 de los contratos de concesión, que establece un sistema de actualización anual de la prima per cápita.
Sin embargo, la aplicación automática de este sistema ha generado preocupaciones sobre un posible enriquecimiento injusto de las empresas concesionarias como Ribera Salud y Sanitas.
Las implicaciones de la cláusula 19
La cláusula en cuestión fue diseñada para asegurar que los pagos anuales a las empresas concesionarias fueran justos y suficientes, evitando cualquier tipo de discriminación frente a los departamentos de gestión directa. Sin embargo, debido a la situación generada por el Covid-19, este mecanismo podría haber creado un efecto de arrastre que distorsionó las bases de cálculo. La Intervención regional ha alertado que esto podría resultar en un perjuicio económico significativo para las arcas de la Generalitat.
Los retos de las liquidaciones históricas
En un período reciente, el gobierno valenciano aprobó un total de 35 liquidaciones que abarcaban desde 2011 hasta un tiempo reciente, algunas de las cuales tenían más de diez años de retraso. La revisión se centró en años críticos, donde el gasto sanitario se disparó por la emergencia de la pandemia. Esto plantea un desafío adicional, ya que las liquidaciones de los hospitales de Denia, Torrevieja y Elx-Crevillente, ahora gestionados públicamente, deben ser analizadas cuidadosamente para evitar cualquier irregularidad futura.
El papel de la Sindicatura de Cuentas
Recientemente, la Sindicatura de Cuentas emitió un informe que destaca el potencial de beneficio desmedido de las empresas concesionarias. Este informe coincide con las advertencias de otros grupos políticos, como Compromís, que han denunciado que el gobierno del PP ha otorgado incrementos injustificados en las liquidaciones, lo que representa un regalo millonario a Ribera Salud. Las cifras sugieren que, durante la crisis, los incrementos en las primas per cápita superaron el 10%, lo que plantea serias preocupaciones sobre la gestión de los fondos públicos.
Perspectivas y pasos a seguir
La Generalitat tiene ahora ante sí la tarea de corregir posibles errores en estas liquidaciones. Para lograrlo, es fundamental abrir un procedimiento que permita revisar de manera transparente los cálculos realizados. La recomendación del Consell Jurídic Consultiu es clara: se debe llevar a cabo un análisis técnico que identifique las partidas extraordinarias generadas por la pandemia y evalúe su impacto a largo plazo. Solo así se podrá evitar que una situación excepcional se convierta en una norma estructural que afecte el principio de igualdad en el acceso a la salud.
El futuro de las concesiones sanitarias
El escenario es complejo, ya que cualquier ajuste en las liquidaciones podría acarrear reclamaciones de gran magnitud económica por parte de la Generalitat. Este hecho no solo afecta a las finanzas públicas, sino también a la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud. Mientras tanto, las reacciones políticas continúan, con el PP defendiendo la legalidad de sus acciones y los socialistas denunciando lo que consideran un robo a mano armada de fondos públicos para beneficiar a empresas privadas.
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