La Generalitat toma medidas para recuperar fondos de concesionarias tras la crisis sanitaria.
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La situación económica derivada de la pandemia de coronavirus ha llevado a la Generalitat Valenciana a evaluar la posibilidad de reclamar sumas millonarias a las empresas concesionarias que gestionan hospitales y áreas de salud. Esta decisión surge tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha respondido a una consulta del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre cómo ajustar los pagos anuales a estas empresas, ante la advertencia de un posible enriquecimiento injusto por parte de las concesionarias.
El impacto de la pandemia en el sistema de salud ha sido significativo, distorsionando las prestaciones y aumentando la demanda de servicios. El conflicto radica en la cláusula 19 de los contratos de concesión, que regula cómo se actualizan los pagos per cápita a las empresas por cada ciudadano atendido.
Esta cláusula, diseñada para garantizar la equidad financiera y evitar discriminaciones, podría haber generado un efecto contrario debido a la aplicación automática de sus principios durante los años críticos de la pandemia.
El contexto de la reclamación
Entre febrero y mayo de, la Conselleria de Sanidad aprobó un total de 35 liquidaciones correspondientes a los ejercicios de 2011 a, algunas de las cuales estaban pendientes desde hacía más de una década. Estos ejercicios incluyen años clave como, y, marcados por un gasto sanitario extraordinario debido a la crisis del COVID-19. Las concesiones afectadas incluyen las de Denia, Torrevieja y Elx-Crevillente, actualmente gestionadas por Ribera Salud, y Manises, bajo Sanitas, que no renovó su contrato.
A pesar de que la Conselleria defendió que estas liquidaciones eran beneficiosas para las arcas de la Generalitat, la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) emitió informes advirtiendo sobre la necesidad de revisar la interpretación de las cláusulas de actualización de pagos, dada la excepcionalidad provocada por la pandemia. El CJC ya había indicado en un dictamen anterior que los cálculos de actualización debían basarse en el presupuesto ejecutado del año anterior.
El efecto arrastre de la pandemia
Uno de los puntos clave en el dictamen del CJC es la consideración del efecto arrastre derivado de la crisis sanitaria. La cláusula 19 establece que la prima de cada ejercicio se calcula en función de la prima del año anterior, ajustada por ciertos índices. Este mecanismo, aunque efectivo en condiciones normales, se ha visto comprometido por el aumento inusitado de gastos durante los años de la pandemia, lo que ha llevado a que los gastos extraordinarios se consoliden como base de cálculo para años posteriores.
Como resultado, la prima per cápita ha sido inflada, lo que podría perjudicar las finanzas públicas. La Intervención Delegada de Sanidad advirtió que aplicar esta fórmula de manera automática podría resultar en un perjuicio económico grave para la Hacienda Pública. Además, esto podría crear una situación de desigualdad al otorgar mayores recursos a las concesiones en comparación con los departamentos de gestión directa, algo que la cláusula busca evitar.
Ejemplo de impacto en concesiones específicas
La Sindicatura de Cuentas ha analizado el impacto económico de este efecto arrastre, observando que en el caso de la concesión de Torrevieja, las liquidaciones de y incluyen un ajuste extraordinario de 25 millones de euros a favor de la empresa concesionaria. Una situación similar se presenta en Denia, donde, aunque se aprobaron liquidaciones favorables para la Generalitat, las correspondientes a los años críticos fueron significativamente menores. La Sindicatura ha resaltado que el ajuste per cápita a favor de las concesionarias ha llevado a que los saldos sean negativos para la Generalitat en años clave.
Pasos a seguir para la rectificación
El dictamen del CJC establece un camino claro para que la Administración actúe si decide avanzar en la reclamación de las liquidaciones. Para ello, la Generalitat debería iniciar un procedimiento transparente y participativo, involucrando a las comisiones mixtas de seguimiento. Es crucial que se realicen informes técnicos que identifiquen y evalúen el impacto de los gastos extraordinarios, permitiendo así una corrección temporal y proporcional de estos componentes excepcionales.
Solo a través de este proceso se podría evitar que una situación de emergencia ocasional se convierta en una sobrefinanciación estructural de las concesiones sanitarias, lo que podría afectar el principio de igualdad entre ciudadanos en el acceso a la atención hospitalaria. Aunque el dictamen no presenta cifras concretas, su implicación es significativa, dado que las concesiones sanitarias manejan presupuestos de cientos de millones de euros y afectan a una gran parte de la población.
