Las acusaciones en contra de Julio Iglesias dan inicio a un nuevo capítulo legal en su trayectoria profesional.
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La ley del ‘solo sí es sí’ ha transformado el panorama jurídico en España, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual. En este contexto, el cantante Julio Iglesias se encuentra bajo la lupa tras ser denunciado por dos mujeres que alegan haber sufrido agresiones sexuales en las residencias del artista en la República Dominicana y Bahamas.
Las acusaciones han suscitado un debate sobre cómo se aplicará esta nueva legislación en su caso.
Recientemente, se reveló que las denunciantes han presentado sus quejas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este proceso implica una serie de diligencias de investigación, aunque por el momento, Iglesias no ha sido formalmente investigado.
La naturaleza reservada de las actuaciones por parte del Ministerio Público busca proteger la identidad y los derechos de las víctimas.
Contexto legal y su aplicación en el caso de Iglesias
La situación de Iglesias se asemeja a otro caso reciente que involucra a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar. Errejón fue denunciado por la actriz Elisa Mouliaá por un presunto delito de agresión sexual. En este caso, el juez Adolfo Carretero argumentó que los hechos encajaban en un tipo penal que ya no existe, debido a la reforma que unificó los delitos de abuso y agresión sexual. Esto plantea interrogantes sobre cómo se aplicarán los principios de retroactividad en el caso de Iglesias.
¿Qué implica la ley del ‘solo sí es sí’?
La Ley Orgánica 10/2023, comúnmente conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, busca brindar una mayor protección a las víctimas de delitos sexuales. Esta legislación unifica los delitos di abuso y agresión sexual, elevando las penas mínimas para ciertos casos y garantizando que el consentimiento sea el eje central en las decisiones judiciales. Esto significa que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito se considerará agresión, independientemente de la violencia o intimidación.
Las abogadas de las denunciantes argumentan que el contexto en el que ocurrieron las agresiones, caracterizado por una atmósfera de intimidación ambiental, podría calificar los hechos como agresión sexual bajo la nueva legislación. Este enfoque se centra en la creación de un ambiente que limita la libertad de las personas, incluso sin amenazas directas.
Las denuncias contra Julio Iglesias
Las testimoniales de las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias son alarmantes. Ambas relatan haber sufrido tocamientos inapropiados, insultos y humillaciones durante su tiempo trabajando para el artista. Una de ellas, quien se desempeñaba como fisioterapeuta, comentó que fue presionada a mantener relaciones sexuales con el cantante, quien en aquel momento tenía 77 años. Según su relato, fue víctima de agresiones que incluían penetraciones y abusos tanto físicos como verbales.
La mujer describe un entorno de control y acoso continuado, donde se sentía obligada a acudir a la habitación de Iglesias al finalizar su jornada laboral. Sus declaraciones son un recordatorio de la necesidad de abordar el acoso laboral y sexual en cualquier contexto, especialmente en una industria tan visible como la de la música.
Implicaciones legales y el rol de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional tiene la responsabilidad de investigar los delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, y en este caso, considera que tiene competencia debido a la nacionalidad de Iglesias y la naturaleza de las acusaciones. En virtud de la ley, será esencial determinar qué legislación es más beneficiosa para el cantante, teniendo en cuenta que la aplicación del código penal anterior podría ser más favorable para él.
El futuro legal de Julio Iglesias dependerá de cómo la Audiencia Nacional interprete y aplique las leyes vigentes en el momento de los supuestos delitos. Con el contexto social actual, donde el consentimiento es más valorado que nunca, el desenlace de este caso podría tener repercusiones significativas no solo para el artista, sino también para la percepción pública de los delitos sexuales en general.
