La Juez Ruiz se enfoca en esclarecer la gestión de la DANA a través de la recuperación de mensajes clave que han sido eliminados.
Temas cubiertos
La jueza Nuria Ruiz lidera una investigación esencial sobre la gestión de la DANA que resultó en la muerte de 230 personas en la Comunidad Valenciana. En este marco, se ha determinado recuperar mensajes eliminados por José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del expresident Carlos Mazón.
La atención se centra ahora en la tarjeta SIM que Cuenca entregará a la magistrada, con la esperanza de recuperar información crucial que podría esclarecer los sucesos de aquel día trágico.
En los meses recientes, Cuenca ha comparecido en varias ocasiones para declarar sobre su rol durante la crisis.
En su segunda aparición, negó haber dado instrucciones a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. No obstante, Pradas mencionó que Mazón interfirió en las decisiones sobre un posible confinamiento de la población ante la inminente crecida del agua, un aspecto fundamental que la investigación busca aclarar.
Las contradicciones en las declaraciones
Durante un careo reciente, quedaron al descubierto notables discrepancias entre Cuenca y Pradas. Mientras Cuenca insistió en que no hubo intervención de Mazón, Pradas describió una situación diferente, afirmando que el expresident estaba involucrado a través de su círculo cercano. Esta controversia suscita dudas sobre quién tomó las decisiones en las horas críticas de la emergencia.
Pradas aseguró haber conversado con Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, sobre la posibilidad de confinar a la población. Según su testimonio, a las 19:43 horas discutieron la viabilidad de esta medida, la cual fue confirmada por la Abogacía de la Generalitat, que indicó que tal acción era legal. Sin embargo, a las 19:54 horas, Cuenca envió un mensaje a Pradas pidiendo calma y oponiéndose al confinamiento, lo que ella interpretó como un intento de disuadirla.
El informe de la Abogacía
Un informe reciente de la Abogacía contradice la versión presentada por Cuenca, indicando que los mensajes que él envió no reflejan la postura de los servicios jurídicos sobre el confinamiento. Según el documento, se realizaron al menos dos consultas breves que confirmaron la posibilidad de un confinamiento, basándose en la Ley de Emergencias de la Comunidad Valenciana, que permite tales medidas en situaciones de crisis.
El informe, fechado el 26 de diciembre de y firmado por el Abogado General de la Generalitat, detalla que no hubo consultas escritas formales respecto al confinamiento, pero sí intercambios telefónicos que sugieren que la legalidad de la medida fue considerada. Esto refuerza la necesidad de esclarecer la comunicación entre los altos mandos durante la emergencia.
Testigos clave en la investigación
La magistrada ha decidido convocar a varios testigos que pueden arrojar luz sobre lo sucedido. Entre ellos se encuentran el Abogado General de la Generalitat y otros asesores cercanos a Mazón. Se espera que estas declaraciones se realicen entre enero y febrero, aportando información sobre cómo se gestionaron las comunicaciones y decisiones en la tarde del 29 de octubre de.
Una de las declaraciones más anticipadas es la del chófer de Mazón, quien deberá aclarar detalles sobre su traslado y si escuchó conversaciones relevantes sobre la DANA. Además, se citarán a otros funcionarios de la Consejería de Justicia e Interior que podrían proporcionar información sobre las decisiones tomadas en ese período crítico.
Implicaciones de la investigación
La investigación sobre la DANA no solo busca determinar la legalidad de las decisiones tomadas, sino también evaluar cómo la falta de comunicación efectiva pudo haber contribuido a la magnitud de la tragedia. Los retrasos en el envío de alertas y la falta de un plan claro para el confinamiento son temas centrales que la juez Ruiz debe abordar.
A medida que la investigación avanza, se espera que las declaraciones de los testigos y la recuperación de los mensajes borrados ofrezcan una visión más clara sobre las decisiones tomadas durante la crisis. Esto podría tener un impacto significativo en la rendición de cuentas de los responsables políticos y técnicos involucrados.
