En el contexto de la crisis ferroviaria, el Congreso llevará a cabo una revisión de los decretos sociales que afectan a sectores vulnerables de la sociedad.
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El Congreso de los Diputados reanuda su actividad en un contexto tenso tras los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, que han dejado más de 40 víctimas fatales. La sesión de este martes, la primera del año con votaciones, se centrará en la convalidación de dos decretos cruciales: uno que ofrece ayudas económicas a los más necesitados, conocido como escudo social, y otro que propone bonificaciones en el transporte público.
El Gobierno español se presenta ante el Congreso sin la certeza de que las medidas sean aprobadas. Para lograrlo, necesita la colaboración del partido Junts o, al menos, la abstención del PP, cuyo voto sigue en el aire. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez confía en el apoyo de sus aliados parlamentarios, como ERC, PNV y EH Bildu.
Aunque la crisis ferroviaria no será discutida, este tema inevitablemente resonará en las intervenciones de los grupos políticos.
Las estrategias del Gobierno ante la incertidumbre
Para aumentar las probabilidades de aprobación, el Gobierno ha implementado una estrategia que ha funcionado en el pasado: incluir en el decreto de ayudas medidas que son difíciles de rechazar, como la revalorización de las pensiones, que debe ajustarse a la inflación anualmente. Sin embargo, este enfoque ha causado problemas a la administración en el pasado; por ejemplo, en enero del año pasado, el PP y Junts rechazaron un decreto similar, lo que resultó en la caída de medidas esenciales como la revalorización de pensiones y el salario mínimo.
La postura del PP y su impacto en la votación
A pesar de la presión, el PP mantiene una postura ambigua respecto a su voto, lo que podría complicar la situación para el Gobierno. Después de que el partido se abstuviera de clarificar su posición, se ha manifestado que la gestión del Gobierno en relación con el accidente de Adamuz ha generado un distanciamiento con el apoyo. La ministra portavoz, Elma Saiz, expresó su esperanza de que el PP respalde la revalorización de pensiones, dado que un rechazo podría llevar a acusaciones de bloquear el aumento de las pensiones en un momento crítico.
Elementos clave de los decretos en discusión
El primer decreto a votar es el del escudo social, que incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones para 2026 y otras medidas esenciales. Aunque ha perdido muchas de sus partes originales desde su creación durante la pandemia en 2020, aún conserva disposiciones importantes como la suspensión de desahucios por impago de alquiler y la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables.
El segundo decreto se ocupa de las bonificaciones al transporte público, que se extenderán durante todo 2026. Esta medida incluye importantes descuentos para los usuarios frecuentes de servicios de tren y autobús, al tiempo que se presenta un abono único que permitirá a los usuarios viajar en diversas modalidades de transporte por una tarifa fija de 60 euros, o 30 euros para menores de 26 años.
Grupos como la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación han expresado su desaprobación hacia el decreto, argumentando que la inclusión de la suspensión de desahucios impacta negativamente a pequeños propietarios. A pesar de sus esfuerzos por comunicarse con diferentes partidos políticos, han sentido que sus preocupaciones no están siendo atendidas. Este grupo sostiene que el Gobierno utiliza medidas populares como un chantaje legislativo para forzar un voto favorable a un paquete que, según ellos, podría perjudicar a los propietarios.
La situación actual en el Congreso refleja la complejidad de la política española, donde las decisiones sobre el bienestar de los ciudadanos se entrelazan con estrategias partidistas. La votación de este martes no solo determinará el futuro de las ayudas sociales, sino que también podría influir en la estabilidad del Gobierno en un momento de crisis.
