Los accidentes de Adamuz y Gelida plantean dudas sobre la gestión de los fondos europeos destinados a la red ferroviaria.
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Los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida, que resultaron en la pérdida de 46 vidas, han suscitado preocupaciones en la esfera política, concretamente en el Partido Popular (PP). Este partido ha elevado su voz en el Parlamento Europeo, solicitando una revisión exhaustiva del uso de los fondos europeos destinados a la infraestructura ferroviaria de España.
La vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, junto con el eurodiputado Borja Giménez Larraz, han formulado tres preguntas a la Comisión Europea que apuntan a esclarecer la situación actual de la red ferroviaria, que parece estar en un estado de colapso.
Desde el, Adif ha sido el principal receptor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), obteniendo más de 5.800 millones de euros. Sin embargo, solo un 16% de esta cantidad se ha utilizado para el mantenimiento de la infraestructura existente, mientras que el resto se ha destinado a la creación de nuevas instalaciones. Este desbalance ha llevado al PP a cuestionar si se han asignado suficientes recursos, especialmente tras la liberalización del servicio ferroviario, que ha visto un aumento del 70% en la cantidad de pasajeros desde 2019, en rutas que cuentan con más de dos décadas de antigüedad.
Seguridad y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria
En sus solicitudes a la Comisión Europea, el PP plantea cuestiones críticas sobre la seguridad de las infraestructuras. Preguntan si la Comisión ha evaluado que los objetivos del Plan de Recuperación garantizan una asignación adecuada de los fondos para el mantenimiento, modernización y adaptación de la red ferroviaria, especialmente ante el notable incremento del tráfico en los últimos años. Además, el partido se interesa por la posibilidad de que se utilicen mecanismos de condicionalidad para asegurar que los fondos destinados al ferrocarril contribuyan efectivamente a la seguridad de las infraestructuras.
Impacto en los servicios de cercanías
Asimismo, el PP no ha dejado de mencionar la situación crítica de los servicios de cercanías en Cataluña, cuya infraestructura y gestión son responsabilidad del Estado. En su comunicación, destacan que el sistema enfrenta incidencias recurrentes, interrupciones del servicio y retrasos que afectan a cientos de miles de usuarios. La situación ha empeorado recientemente, con incidentes que han provocado la suspensión del servicio durante días y, en un caso trágico, la muerte de un maquinista.
El partido ha solicitado a la Comisión Europea que evalúe si la empresa Adif está cumpliendo con sus obligaciones de mantenimiento y renovación en la red de cercanías. También indagan si las deficiencias observadas podrían indicar un incumplimiento de los requisitos de gestión de seguridad y mantenimiento, y qué medidas se contemplan para asegurar la seguridad en el servicio de cercanías.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
En paralelo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), formada por un grupo de expertos en el sector, está llevando a cabo una investigación sobre el accidente en Adamuz. Esta comisión fue creada en 2007 como un organismo independiente, aunque su funcionamiento está vinculado al Ministerio de Transportes. A pesar de su aparente autonomía, la CIAF ha sido objeto de críticas por su falta de independencia, especialmente tras la tragedia de Angrois en, que dejó un saldo de 80 fallecidos.
El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón de Angoiti, es un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector ferroviario, habiendo ocupado diversos cargos tanto en Renfe como en la Unión Internacional de Ferrocarriles. La composición de la CIAF, en gran parte integrada por miembros de Renfe y Adif, ha llevado a cuestionamientos sobre su imparcialidad en las investigaciones. A pesar de estas críticas, la CIAF ha investigado más de 270 accidentes en su trayectoria.
Desafíos en la independencia de las investigaciones
La preocupación por la objetividad de la CIAF se reavivó tras el accidente de Angrois, donde la Comisión Europea destacó la falta de independencia en las investigaciones realizadas. En respuesta, la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) realizó un análisis que concluyó que los miembros de la CIAF, al estar vinculados a las principales entidades ferroviarias, comprometen la imparcialidad del proceso de investigación. Se evidenció que los informes se centraban en la responsabilidad de los maquinistas, en lugar de abordar las causas estructurales y sistémicas detrás de los accidentes.
Ante este panorama, la llamada del PP a Bruselas para una auditoría de los fondos destinados a la red ferroviaria no solo busca claridad sobre el uso de los recursos, sino que también plantea la necesidad de revisar y fortalecer la seguridad y la gestión de la infraestructura ferroviaria en el país.
