Un escándalo de extorsión sacude a la Guardia Civil en la Cañada Real, con tres agentes acusados de abusar de su poder.
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Un caso de corrupción ha salido a la luz, involucrando a tres agentes de la Guardia Civil que se desempeñaban en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Madrid. Estos funcionarios están siendo investigados por presuntamente haber cometido una serie de delitos mientras estaban en activo, principalmente en la Cañada Real Galiana, un área con antecedentes de problemas sociales y criminales.
La Fiscalía de Madrid ha presentado una acusación detallada, alegando que los agentes abusaron de su posición, utilizando tácticas de intimidación, robo y acceso a información privilegiada para llevar a cabo un esquema de extorsión dirigido a personas con antecedentes judiciales.
Este caso resalta cómo el abuso de poder puede ser un problema serio dentro de las fuerzas de seguridad.
Contexto del caso
Los hechos se remontan a febrero de, cuando uno de los acusados utilizó sistemas informáticos de la Benemérita para identificar a un individuo en particular, conocido como Javier J., un habitual consumidor de drogas en la zona. Este individuo tenía una orden de búsqueda y captura emitida por el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga. En lugar de cumplir con su deber de poner a Javier J. a disposición judicial, el agente decidió aprovecharse de la situación.
El esquema de chantaje
Según la acusación, el guardia civil obligó a Javier J. a pagarle 500 euros semanales a cambio de no denunciarlo, creando así un sistema de pagos que le permitió acumular un total de 8.000 euros mediante esta extorsión. Este comportamiento no solo es ilegal, sino que pone en duda la integridad de los cuerpos de seguridad.
La presión ejercida por el agente no se limitaba al individuo directamente afectado. Utilizó a un cómplice, conocido como M. M., para enviar mensajes amenazantes. En uno de esos mensajes, el agente incluyó una fotografía de Javier J. junto a información interna de la Guardia Civil, advirtiendo que si no recibía el dinero, podría denunciarlo o incluso agredirlo físicamente.
Uso indebido de información confidencial
El caso también incluye un segundo bloque de conductas delictivas que involucran a otro individuo conocido como Lolo, quien también estaba bajo una orden de ingreso en prisión. El 22 de septiembre de, el agente accedió a datos de este sujeto mediante su posición y los compartió con M. M. a través de mensajes de WhatsApp, revelando detalles críticos que no debían ser divulgados.
Consecuencias de las acciones
La repetición de estas consultas a bases de datos policiales, sin justificación operativa, demuestra un patrón de comportamiento que podría implicar un uso consciente y malintencionado de información sensible. La Fiscalía enfatiza que el agente no solo compartió datos sin autorización, sino que también ignoró su responsabilidad de informar sobre la orden de detención existente.
Falsificación de documentos y apropiación indebida
Más preocupante aún es el hecho de que uno de los acusados llegó a elaborar documentación falsa. Antes del 24 de noviembre de, se creó una denuncia ficticia por pérdida de documentos utilizando formularios de la Guardia Civil y un sello oficial que no le pertenecía. Esta denuncia se dejó en la casa de M. M. con el fin de protegerlo de su situación legal.
Las investigaciones subsecuentes resultaron en un registro de la vivienda del agente, donde se encontraron varios artículos de la Guardia Civil, incluyendo chalecos antibalas y material médico, elementos que no estaban autorizados para uso personal y que fueron retirados de su entorno laboral. Este hallazgo demuestra un grave abuso de poder y una falta de ética profesional.
El caso de estos tres guardias civiles no solo pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial frente a la corrupción, sino que también plantea interrogantes sobre la supervisión y control que deben existir dentro de las fuerzas de seguridad para evitar que conductas de este tipo se repitan en el futuro.
