El palacete de Getxo se transforma en el centro de un escándalo que pone en jaque al PNV en el municipio.
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Getxo, un municipio emblemático del País Vasco, ha sido un bastión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) durante décadas. Sin embargo, la reciente controversia en torno a un antiguo palacete del siglo XIX ha sumido a la localidad en una crisis sin precedentes.
Este conflicto ha cobrado mayor intensidad debido a las acusaciones de prevaricación que involucran a varios concejales y funcionarios del ayuntamiento, creando una atmósfera de tensión política palpable.
La situación alcanzó su clímax en una reunión del Ayuntamiento, donde una inusual alianza entre el Partido Popular (PP), EH Bildu y Podemos exigió la dimisión de la alcaldesa Amaia Agirre, del PNV.
Este hecho, poco común en el contexto político local, marcó el inicio de una batalla abierta entre los diferentes partidos políticos que compiten por el control y la credibilidad en el municipio.
El trasfondo del escándalo
La polémica se centra en la demolición del palacio Irurak Bat, que debía ser rehabilitado, pero que, en su lugar, fue destruido. Esta decisión, que violó las normativas sobre edificios protegidos, ha llevado a investigaciones sobre la conducta de varios concejales del PNV y funcionarios del área de urbanismo. Las autoridades han comenzado a indagar si hubo una colusión entre los políticos y los promotores del proyecto para llevar a cabo una operación urbanística que beneficiaba a un grupo selecto.
Implicaciones políticas y jurídicas
Los concejales implicados, Ignacio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, han sido objeto de intensas críticas y han dimitido tras las acusaciones. La alcaldesa Agirre, sin embargo, se ha mantenido firme en su puesto, calificando la situación de “akelarre político”, un ataque orquestado contra su partido y su imagen personal. A pesar de las presiones, Agirre insiste en que no hay evidencias que justifiquen su renuncia, destacando que no se le ha imputado ningún delito.
El PNV ha intentado defender su postura y la inocencia de sus miembros, pero la presión de la oposición ha sido implacable. La situación ha generado una división notoria en el propio partido, donde se han alzado voces críticas que advierten sobre el impacto negativo que este escándalo podría tener en las futuras elecciones municipales.
Consecuencias del derribo del palacete
El caso del palacete ha revelado una preocupante falta de transparencia en el manejo de proyectos urbanísticos en Getxo. La demolición del edificio, que debería haber sido mantenido y restaurado, se realizó con la justificación de que construir un nuevo complejo de lujo sería más rentable. Este argumento, que se traduce en un ahorro de aproximadamente 700.000 euros, ha levantado sospechas sobre la legalidad de la operación y la ética de los involucrados.
La investigación en curso
La Ertzaintza ha llevado a cabo registros en las oficinas del área de urbanismo del ayuntamiento en busca de pruebas que sustenten las acusaciones. La documentación recopilada será crucial para determinar si hubo una omisión deliberada de informes o si se trató de un error de procedimiento. La fecha de las declaraciones de los concejales ante la jueza está programada para el 25 de febrero, un momento que podría ser decisivo para el futuro político de los implicados y la reputación del PNV en Getxo.
Con las elecciones municipales de en el horizonte, la presión sobre el PNV y su liderazgo se intensifica. La necesidad de restaurar la confianza pública y abordar las preocupaciones sobre la ética en la gestión pública se convierte en un desafío urgente para el partido. La situación en Getxo no solo pone a prueba la integridad de los involucrados, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del PNV en una comunidad donde su influencia ha sido histórica.
