El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anula las decisiones del Parlamento Europeo relacionadas con la inmunidad de Carles Puigdemont y otros exconsejeros, citando razones de imparcialidad.
Bruselas ha sido el escenario de un importante pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha invalidado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí.
Esta decisión se fundamenta en un claro conflicto de interés relacionado con el eurodiputado encargado de manejar el caso.
Aunque este fallo es significativo, no tendrá efectos inmediatos. Puigdemont ya no ocupa un cargo como eurodiputado y ha regresado a su papel en el Parlament de Catalunya.
Además, la legislatura que votó la suspensión concluyó hace más de un año. Sin embargo, la sentencia representa un respaldo para los tres políticos independentistas, en un contexto donde se espera la publicación de la sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo que no está relacionado con esta causa y cuyo anuncio aún no tiene fecha.
El contexto de la decisión del TJUE
Para entender el impacto de esta sentencia, es fundamental retroceder a marzo de 2026, cuando el Parlamento Europeo decidió suspender la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y sus compañeros, a instancias del Tribunal Supremo español. Tras esta decisión, los tres afectados presentaron un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que en 2026 desestimó sus alegaciones. Posteriormente, elevaron el caso al TJUE.
Imparcialidad cuestionada
La clave de la reciente resolución radica en la figura de Angel Dzhambazki, el eurodiputado búlgaro designado para instruir el proceso de suspensión de inmunidad. Según las normas de la Eurocámara, es crucial que el ponente no pertenezca al mismo grupo político que el eurodiputado cuyo caso se está evaluando, debido a las posibles dudas sobre imparcialidad que esto podría generar. En este caso, Dzhambazki formaba parte del grupo ultraderechista de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), vinculado a Vox, que había actuado como acusación en el juicio del procés en 2019.
El argumento del TJUE subraya que la elección de un ponente de un grupo político que ha promovido el proceso penal contra un eurodiputado no garantiza la ausencia de prejuicio. Por lo tanto, el Tribunal General había cometido un error al considerar irrelevante esta relación política al evaluar la imparcialidad del ponente.
Consecuencias de la sentencia
A pesar de que la decisión del TJUE no generará efectos prácticos inmediatos, podría tener implicaciones en el caso de Toni Comín, quien sí se postuló en las últimas elecciones al Parlamento Europeo y aún no ha podido asumir su escaño. Este exconsejero ha apelado al TGUE, que aún debe resolver su situación.
Reacciones y futuras consideraciones
El TJUE ha indicado que la organización de un evento en 2019 por Dzhambazki, donde participó el secretario general de Vox, demuestra su afinidad hacia las posturas políticas del partido en relación a Cataluña. Esto refuerza la percepción de que su imparcialidad estaba comprometida. En el contexto actual, la atención también se centra en la ley de amnistía que podría afectar a Puigdemont y sus exconsejeros, con la expectativa de un fallo que podría redefinir el panorama legal para estos líderes independentistas.
Aunque la reciente sentencia del TJUE no altera la situación inmediata de Puigdemont y sus colegas, establece un precedente importante sobre la imparcialidad en las decisiones legislativas y judiciales de la Unión Europea, resaltando la necesidad de mantener estándares éticos en los procesos políticos.
