Un tribunal ordena al banco el reembolso a una mujer mayor tras un fraude no autorizado.
En un reciente fallo judicial, una pensionista de 72 años ha logrado recuperar casi 2.000 euros tras ser víctima de un fraude bancario realizado sin su consentimiento. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo determinó que la transferencia no autorizada se llevó a cabo sin la intervención de la afectada y que el banco no implementó las medidas adecuadas para prevenir dicha situación.
A pesar de que la entidad inicialmente alegó que la operación había sido validada correctamente, el tribunal falló a favor de la mujer, exigiendo no solo la devolución del importe, sino también el pago de intereses y costas judiciales.
El fraude digital y su evolución
Este caso ilustra un fenómeno creciente en el ámbito financiero: la suplantación de identidad y el uso de métodos fraudulentos que no requieren contacto directo con la víctima. Estos delitos se han vuelto cada vez más sofisticados, afectando principalmente a personas con menos experiencia digital.
Cómo operan los ciberdelincuentes
Expertos en ciberseguridad señalan que muchos fraudes se llevan a cabo mediante el acceso no autorizado a información sensible, utilizando credenciales que han sido comprometidas. Este tipo de ataque puede ocurrir sin que la víctima tenga la menor idea, lo que dificulta enormemente la detección. La falta de interacción directa con los delincuentes hace que las víctimas a menudo no puedan identificar el fraude hasta que es demasiado tarde.
En el caso de la mujer afectada, la transferencia se realizó a una cuenta en el extranjero, en un horario inusual y por un monto que no se alineaba con sus hábitos financieros. Estas características debieron ser suficientes para activar las alertas del banco y llevar a cabo una verificación más exhaustiva.
Responsabilidades del banco según la legislación
La sentencia del tribunal resalta un aspecto clave de la normativa europea sobre servicios de pago: si un banco no puede probar que una transacción fue autorizada por el cliente, está obligado a reembolsar el importe. Esta regulación busca proteger a los consumidores de situaciones en las que no han cometido negligencia alguna.
La importancia de la diligencia en la atención al cliente
Patricia Belisario, abogada que representó a la mujer, enfatiza que la decisión judicial subraya que es responsabilidad del banco demostrar que el cliente actuó de manera imprudente. En este caso, la mujer no tuvo contacto con los delincuentes y no autorizó la transacción fraudulenta. La falta de medidas de seguridad efectivas por parte del banco es lo que llevó a la institución a ser considerada responsable.
Además, Belisario menciona que la edad de la víctima debería haber llevado al banco a aplicar controles más rigurosos. Las entidades financieras tienen la obligación de conocer a sus clientes y actuar conforme a perfiles de riesgo, especialmente cuando se trata de personas mayores.
El camino hacia una mayor seguridad financiera
El aumento de los fraudes digitales está llevando a los bancos a reevaluar sus protocolos de seguridad. Muchos admiten que los ciberdelincuentes han mejorado sus técnicas, lo que representa un desafío considerable para los sistemas tradicionales de protección. Algunas entidades han comenzado a implementar tecnologías de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos en las cuentas, aunque la adopción de estas herramientas es aún desigual.
Es fundamental que los consumidores, especialmente los mayores, comprendan que no son responsables de los fraudes si no han participado en ellos. Las organizaciones de defensa del consumidor enfatizan que los afectados, al no haber sido víctimas de un fraude tradicional como el phishing, pueden sentirse desalentados a reclamar. Sin embargo, la jurisprudencia es clara: sin autorización y con el banco incapaz de demostrar negligencia, el reembolso es un derecho del cliente.
A pesar de que la entidad inicialmente alegó que la operación había sido validada correctamente, el tribunal falló a favor de la mujer, exigiendo no solo la devolución del importe, sino también el pago de intereses y costas judiciales.0
