la defensa de koldo García ha presentado escritos para trasladar el juicio por las mascarillas a la Audiencia Nacional, pedir la recusación de varios magistrados y advertir de vulneraciones de derechos fundamentales que podrían derivar en recursos ante el Tribunal Constitucional o instancias europeas.
La vista preliminar del proceso por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas ha dejado en primer plano las estrategias defensivas. En la sesión celebrada en la Sala de lo Penal, la representación legal de Koldo García presentó múltiples escritos y peticiones que reclaman una revisión de la competencia jurisdiccional y de la composición del tribunal.
La defensa, encabezada por la abogada Leticia de la Hoz, sostiene que la renuncia al escaño del exministro José Luis Ábalos altera la competencia del Tribunal Supremo y reclama que, por ese motivo, el proceso pase a la Audiencia Nacional.
Además, acusa al alto tribunal de posibles vulneraciones de derechos fundamentales cuyo alcance, según advierten, podría dar pie a recursos ante el Tribunal Constitucional o incluso instancias europeas.
Argumentos sobre la competencia y la aplicación de criterios
En su escrito, la defensa cuestiona la validez de aplicar de forma automática el acuerdo del pleno del Tribunal Supremo de diciembre de que fija criterios internos sobre la competencia cuando existe un auto de apertura de juicio oral. La tesis de la letrada es que dicho acuerdo es una guía doctrinal, no una norma con rango legal, y que cada caso exige un examen propio de la competencia según las circunstancias concretas.
Por eso, piden que se vuelva a valorar si, tras la renuncia de Ábalos al acta de diputado, procede conservar la competencia del Supremo. La defensa arguye que mantener el juicio en la Sala podría limitar el derecho a la doble instancia y condicionar otras ramas de la investigación que están siendo tramitadas en la Audiencia Nacional.
Acusaciones de vulneración de derechos y vías procesales anunciadas
La abogada ha planteado que la continuación del proceso en el Tribunal Supremo, sin elevar previamente una cuestión prejudicial al TJUE, podría vulnerar el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales. En ese escenario, la defensa advierte que cabrían diversas acciones: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso la iniciación de un procedimiento de infracción contra España.
La argumentación incluye denuncias sobre el inicio del procedimiento que, según la defensa, habría afectado al investigado desde fases extrajudiciales y sobre maniobras que habrían esquivado el aforamiento de Ábalos. Esos escritos concentran objeciones tanto formales como de fondo que pretenden dejar constancia de lo que sus letrados consideran fallos sustantivos en la tramitación.
Posibles consecuencias procesales
Si el tribunal no atiende la solicitud de plantear una cuestión prejudicial o de ceder la competencia, la defensa anticipa que presentará recursos que buscarán anular actuaciones procesales previas. Entre las medidas contempladas figura la impugnación de autos de procedimiento abreviado y del auto de apertura de juicio oral, intervenciones que, de prosperar, podrían reconfigurar el calendario del proceso y la lista de testigos.
Recusaciones contra la mayoría del tribunal
Otro eje central de la estrategia ha sido la petición de recusación de cinco de los siete magistrados que integrarán el tribunal: Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y el presidente de Sala, Andrés Martínez Arrieta. La defensa sostiene que algunos de esos magistrados formaron parte de la Sala de Admisión que asumió la causa o han ocupado cargos relevantes que, a su juicio, afectan a la imparcialidad.
La Sala respondió que la solicitud de recusación llega fuera de plazo —cuando ya se conocía la composición del tribunal— y la calificó de extemporánea. El fiscal Anticorrupción mostró una oposición tajante a la petición, considerándola de «absoluta improcedencia». No obstante, la decisión sobre las recusaciones se ha limitado por ahora a ese pronunciamiento y queda pendiente resolver otras nulidades planteadas.
Impacto en el desarrollo del juicio
Además de las cuestiones precedentes, permanece abierta la duda sobre qué testigos finalmente declararán y cuándo comenzará la vista oral. Las defensas sostienen que una sentencia del Supremo podría funcionar como una verdad judicial orientadora para las ramas investigadas en la Audiencia Nacional, por lo que consideran «extremadamente grave» que esa resolución condicione a otras partes sin que todos los investigados puedan ejercer su defensa en igualdad.
En los próximos días el tribunal deberá pronunciarse sobre las restantes peticiones y aclarar la hoja de ruta procesal. Mientras tanto, la estrategia de defensa de Koldo García mantiene abiertas vías internas y europeas para impugnar la continuidad del juicio en el Supremo y preservar, según afirma, los derechos fundamentales de sus representados.
