dos licencias del tesoro de ee. uu. abren la puerta a la vuelta de grandes petroleras a venezuela y permiten nuevos contratos para modernizar la extracción de crudo
La Administración estadounidense emitió un paquete de medidas que cambia el tablero energético en Venezuela. Según comunicaciones oficiales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aprobó dos autorizaciones que permiten a compañías como Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell reanudar operaciones y negociar nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos.
Estas decisiones se sitúan, además, en el contexto de contactos previos entre la Casa Blanca y los directivos del sector, entre los que figuró el encuentro celebrado el 9 de enero.
Las licencias divulgadas introducen condiciones específicas sobre los contratos y los pagos, y excluyen transacciones con determinadas jurisdicciones y personas vinculadas a ellas.
El objetivo declarado por quienes promueven la medida es facilitar la recuperación de la producción venezolana, actualizar infraestructuras y atraer capital privado sin utilización de fondos públicos estadounidenses.
Qué autorizan las licencias y sus limitaciones
La primera de las autorizaciones fue publicada como Licencia General 49 y habilita la negociación y la celebración de contratos contingentes para inversiones en el sector energético venezolano. La segunda, conocida como Licencia General 50, autoriza transacciones relacionadas con las operaciones habituales de petróleo y gas de ciertas entidades presentes en el país. Ambas incorporan cláusulas que buscan controlar la jurisdicción aplicable y los mecanismos de resolución de controversias: los contratos con PDVSA o con entidades del Estado deberán regirse por leyes estadounidenses o por jurisdicciones designadas por el Tesoro.
Restricciones en medios de pago y socios
Entre las condiciones figura la prohibición de pagos en formas no consideradas comercialmente razonables, así como la exclusión de canjes de deuda, pagos en oro o en monedas digitales emitidas por el gobierno venezolano, incluido el petro. Asimismo, se prohíbe toda transacción que implique a personas o entidades ubicadas en países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, o empresas conjuntas controladas por actores de esos territorios. El objetivo es permitir operaciones comerciales pero evitando vínculos que puedan sortear sanciones vigentes contra terceros.
Implicaciones para las empresas y para venezuela
Para Repsol y las otras petroleras, la señal supone la posibilidad de reactivar proyectos detenidos y planificar nuevas inversiones para modernizar equipos y aumentar la producción. Repsol, presente en Venezuela desde 1993, ha venido cobrando pagos en crudo y mantiene exposiciones financieras vinculadas a su actividad en el país. La flexibilización de las sanciones podría traducirse en contratos para mejorar la extracción, así como en acuerdos financieros que normalicen cobros pendientes con PDVSA, aunque la empresa todavía no ha precisado el calendario ni la magnitud final de los desembolsos.
Impacto económico y riesgo geopolítico
Desde la perspectiva venezolana, la llegada de capitales y tecnología podría contribuir a recuperar producción y generar ingresos fiscales; desde la internacional, la medida es interpretada como parte de una estrategia más amplia para reposicionar el control sobre reservas petroleras. No obstante, persisten riesgos: la dependencia de contratos sujetos a leyes estadounidenses, las limitaciones en los socios permitidos y las condiciones de pago crean un marco donde la actividad económica queda estrechamente vinculada a decisiones políticas externas.
Antecedentes y contexto histórico
La industria petrolera venezolana fue objeto de nacionalizaciones y cambios regulatorios desde la década de 2000, con medidas que expulsaron a compañías como Exxon Mobil y ConocoPhillips en 2007 y reformaron el régimen de explotación. Desde entonces, empresas extranjeras que permanecieron en el país debieron operar en consorcio con la estatal PDVSA. En años recientes, Washington ya había emitido licencias de alcance más limitado para permitir exportaciones, almacenamiento y ciertos suministros tecnológicos vinculados a la actividad petrolera; las nuevas autorizaciones suponen, por su alcance, el paso más relevante en la política económica estadounidense hacia Venezuela desde la alteración del escenario político ocurrido a comienzos de enero.
El resultado práctico dependerá de la rapidez con la que empresas y contrapartes venezolanas concreten acuerdos que respeten las condiciones impuestas y del grado en que las infraestructuras locales acepten la modernización necesaria para recuperar volúmenes de producción.
