una queja del pp local sobre presunto acoso laboral en el ayuntamiento de Melón ha abierto un proceso judicial tras la adhesión de varias trabajadoras; la jueza ha citado a dos responsables municipales del PSdeG
El caso que afecta al Ayuntamiento de Melón dio un giro relevante cuando la denuncia tramitada por el PP local se trasladó a la vía judicial. El 14/02/2026 y con la información actualizada el 15/02/2026, la causa pasó del circuito interno de partido a los juzgados, tras lo cual algunas empleadas municipales, que inicialmente declararon como testigos, han decidido incorporarse como denuncantes.
A partir de esos testimonios, la titular del Juzgado ha acordado citar a dos miembros del equipo de gobierno.
Tras escuchar a las trabajadoras, la jueza ha señalado para comparecer al primer y al segundo teniente de alcalde, ambos concejales del PSdeG.
La resolución supone un avance procesal que transforma la situación política local en un procedimiento penal o civil —según evolucione la instrucción— y además provoca repercusiones internas en la formación política implicada.
Origen y traslado de la denuncia a la vía judicial
La diferencia principal entre lo ocurrido anteriormente en otros municipios y este episodio en Melón reside en la iniciativa del PP local de presentar formalmente la denuncia ante la jurisdicción competente. Mientras que muchas quejas sobre acoso laboral habían circulado por canales internos dentro del partido, en este caso el expediente salió al exterior y alcanzó carácter público cuando las empleadas municipales anunciaron su adhesión. El cambio de condición, de testigo a denunciante, amplía el alcance probatorio de la causa y obliga a la autoridad judicial a practicar diligencias.
Implicaciones para el gobierno municipal y el partido
La citación de los dos ediles del PSdeG representa un desafío para el equipo de gobierno local y para la organización provincial. Desde el punto de vista institucional, la comparecencia ante la jueza puede provocar medidas cautelares o generar recomendaciones internas de comportamiento. En el plano político, la situación tensará los órganos del partido que deberán evaluar responsabilidades y posibles sanciones si el proceso confirma irregularidades. Además, la visibilidad del caso añade presión mediática y social sobre el consistorio.
Reacciones y consecuencias previsibles
Es previsible que la decisión de la autoridad judicial motive respuestas de diversa naturaleza: por un lado, el PP local explicará los motivos de su denuncia y buscará subrayar la protección de derechos laborales; por otro, el PSdeG defenderá la presunción de inocencia de sus cargos mientras se instruye la causa. Entre medias, las empleadas que han dado un paso adelante pueden solicitar garantías laborales y protección frente a posibles represalias, amparadas en mecanismos de tutela laboral y el acceso a asesoramiento jurídico.
El proceso judicial y el papel de las trabajadoras
Las declaraciones iniciales de las empleadas que trabajaban en el Ayuntamiento resultaron determinantes para que la jueza acordara nuevas diligencias. Varias de ellas, tras comparecer como testigos, adoptaron la condición de denunciante, lo que implica presentar un relato formal de hechos y aportar pruebas o indicios. En este estadio, el procedimiento se centra en la recopilación de evidencias, la toma de declaraciones y la posible práctica de pruebas complementarias que esclarezcan la continuidad o episodicidad de los hechos denunciados.
Posibles escenarios procesales
El caso puede evolucionar en diferentes direcciones: archivo si se estima la ausencia de indicios suficientes; continuación de la instrucción con nuevas citaciones y pruebas; o, en su caso, transformación en un procedimiento penal o laboral con consecuencias jurídicas para los investigados. Independientemente del desenlace, la imputación mediática ya ha generado debate sobre la gestión municipal, la protección de la plantilla y la manera en que los partidos abordan denuncias internas.
La citación de los dos concejales del PSdeG por parte de la jueza marca el inicio de una fase decisiva del proceso, cuyas consecuencias políticas y judiciales se irán concretando con el desarrollo de las diligencias. La atención pública y el escrutinio sobre las actuaciones municipales permanecerán elevados mientras se aporta más información al expediente.
