el conflicto sanitario en castilla-la mancha enfrenta al cesm y al sescam por los servicios mínimos establecidos para la huelga del 16/02/2026; los médicos exigen un estatuto propio y denuncian medidas desproporcionadas
La convocatoria de huelga promovida por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) para exigir un Estatuto propio de la profesión médica y mejoras laborales ha reabierto una intensa disputa pública. El inicio del paro, el 16/02/2026, transcurrió sin incidentes graves en los hospitales y centros de salud de la región, pero la calma aparente no ha acabado con la controversia: los organizadores sostienen que los servicios mínimos fijados por el Sescam son excesivos y alteran la capacidad de protesta; la administración, por su parte, defiende que esas medidas se adoptaron con criterios técnicos y de proporcionalidad.
El choque entre ambas partes se centra en la interpretación y el alcance de las obligaciones mínimas durante el paro. Según el CESM, las instrucciones provocaron que en algunos centros hubiera «más médicos trabajando que en una jornada normal», una situación que, en su opinión, desnaturaliza la huelga y reduce su eficacia como herramienta de presión.
Desde el otro lado, el Sescam insiste en que los decretos no fueron impuestos unilateralmente, sino pactados y diseñados para proteger la atención crítica, manteniendo el equilibrio entre derecho a huelga y seguridad asistencial.
Origen y reivindicaciones del paro
La movilización tiene como eje principal la demanda de un Estatuto Marco específico para la profesión médica, que el CESM considera necesario para fijar condiciones laborales, carrera profesional y un marco de derechos y deberes diferenciado. Además del estatuto, los facultativos reclaman medidas concretas para mejorar la estabilidad laboral, la carga de trabajo y la dedicación de especialistas. Esta plataforma reivindicativa engloba tanto cuestiones de orden profesional como aspectos salariales y organizativos que, según los convocantes, no han recibido respuesta satisfactoria en las negociaciones previas.
Disputa por los servicios mínimos
El punto más tenso del conflicto son los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad. El Sescam ha publicado órdenes que garantizan la presencia de efectivos en áreas críticas —urgencias, oncología, y otros procedimientos indispensables— llegando incluso a asegurar plantillas completas en algunos turnos, una decisión que las organizaciones sindicales califican de abusiva. Los sindicatos argumentan que tales niveles impiden ejercer el derecho a huelga y disminuyen el impacto de las jornadas de paro; además, denuncian que la aplicación práctica ha provocado situaciones en las que equipos sanitarios habituales han sido reforzados más allá de lo habitual.
Respuesta institucional y recursos
Desde la administración regional se justifica la definición de los mínimos como una medida necesaria para preservar la seguridad de los pacientes y la continuidad de la atención urgente. El Sescam recalca que las determinaciones se basaron en informes técnicos y en criterios de proporcionalidad, y niega que se hayan impuesto de forma unilateral. Legalmente, estas decisiones suelen ser recurribles ante los tribunales, y en anteriores episodios la cuestión de los mínimos ha pasado por instancias judiciales para dirimir su alcance.
Impacto en la actividad sanitaria y percepción pública
En la práctica, la protesta afectó la dinámica habitual de los centros, aunque no se registraron fallos masivos en la asistencia urgente. Los organizadores interpretan la normalidad como la prueba del exceso en la fijación de mínimos; sin embargo, la administración asegura que la atención esencial no se vio comprometida. En la opinión pública surge la tensión entre el respeto al derecho a huelga y la prioridad de garantizar servicios sanitarios básicos. Pacientes, usuarios y partidos políticos han mostrado posiciones diversas, lo que añade una dimensión política al conflicto.
Escenarios y alternativas
Las salidas posibles pasan por la negociación directa para abordar las reivindicaciones del CESM o por la intensificación de las medidas de presión. Un acuerdo sobre un calendario de diálogo y la revisión de los criterios técnicos para los servicios mínimos podrían desbloquear la situación, pero los sindicatos advierten que no renunciarán a la exigencia de un estatuto propio. Mientras tanto, la administración mantiene su compromiso con la seguridad asistencial, y cualquier cambio requerirá voluntad de ambas partes para conciliar derechos laborales y protección sanitaria.
El conflicto en Castilla-La Mancha ejemplifica la complejidad de conciliar la protesta profesional con la garantía de servicios esenciales. La jornada del 16/02/2026 marca un nuevo capítulo en una disputa que combina elementos jurídicos, técnicos y políticos, y que probablemente seguirá siendo objeto de debate público hasta que se alcance una solución negociada o administrativa que satisfaga, al menos en parte, a las partes implicadas.
