entre negociaciones, huelgas y una ley para acotar la privatización, la titular de Sanidad defiende un Estatuto Marco común y rechaza convertir las guardias en voluntarias por su impacto en la asistencia urgente
Mónica García, al frente del Ministerio de Sanidad, afronta una etapa marcada por la protesta médica y por la presentación de iniciativas legislativas que buscan ordenar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Ante la convocatoria de nuevas jornadas de huelga y las críticas internas, la ministra explora vías parlamentarias y legales para incorporar mejoras laborales y limitar modelos de gestión que, a su juicio, anteponen el beneficio económico a la atención sanitaria.
El conflicto parte de reivindicaciones profesionales, entre ellas la demanda de un Estatuto Marco con capítulos específicos para médicos, la reducción de las guardias, mejoras en la jornada laboral y garantías de conciliación. Mientras persisten discrepancias tácticas con los convocantes de paro, el equipo ministerial ha mantenido numerosas reuniones con sindicatos y autonomías para buscar soluciones que no fragmenten el sistema público.
Negociación, contenido del estatuto y límites legales
El Gobierno plantea un Estatuto Marco que pretende ser un marco básico para todos los profesionales sanitarios, incorporando demandas concretas como la reducción de horas de guardia, la mejora de descansos y medidas de conciliación. Según la ministra, se han celebrado más de 50 reuniones con representantes del sector, más de 20 encuentros con los convocantes de huelga y más de 10 reuniones con comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo se sostiene que muchas de las reivindicaciones materiales ya están recogidas en el borrador y que las vías parlamentarias —como proposiciones de ley o enmiendas en el Congreso— permiten resolver cuestiones que algunos sectores plantean como imprescindibles.
La representación sindical y el alcance del estatuto
El Ministerio defiende que no puede habilitar mesas negociadoras exclusivas que ignoren la representación sindical surgida de los procesos electorales. La propuesta evita, según sus responsables, la segregación de mejoras por categorías profesionales y busca garantizar que las modificaciones beneficien a todo el personal sanitario. Además, se recuerda que la competencia en retribuciones corresponde a las comunidades autónomas, por lo que el texto ministerial se limita a establecer principios y derechos básicos más que a fijar salarios.
Guardias: voluntariedad, límites y consecuencias prácticas
Uno de los debates más delicados ha sido la propuesta de que las guardias sean voluntarias. La ministra sostiene que esa fórmula sería inviable porque pondría en peligro la continuidad de la atención urgente: en su análisis, ningún sistema sanitario moderno permite que la asistencia nocturna y de fines de semana dependa de la mera voluntariedad, y avanzar hacia ese modelo obligaría a replantear cierres de servicios o turnos, con impacto directo en pacientes. La alternativa que propone el ministerio pasa por reducir horas, mejorar condiciones y reforzar plantillas de forma paulatina.
Cotización, jubilación y retribución de guardias
En cuanto al reconocimiento laboral de las guardias, la ministra recuerda que en España la jubilación se calcula por días y años cotizados, y que las horas de guardia ya cotizan para la Seguridad Social. Sobre la equiparación del pago de las guardias a la hora ordinaria, el texto ministerial incluye referencias, aunque las comunidades han advertido sobre posibles invasiones de competencias si se fijan criterios uniformes de retribución.
Ley de gestión pública, privatización y fiscalización
En un movimiento poco habitual en el ministerio, se ha presentado un proyecto de ley para limitar modalidades de gestión que permitan el lucro dentro de la red pública, una respuesta directa a casos denunciados en distintos territorios. La norma pretende prohibir fórmulas lesivas a futuro —como contratos con cánones abusivos a largo plazo— y dotar de mecanismos para revertir modelos cuando sea necesario. Aunque la ley no anula automáticamente conciertos vigentes, fija criterios para inspección, transparencia y reversión de modelos privatizados.
La ministra ha aludido a situaciones concretas: menciona prácticas cuestionadas en determinadas comunidades, así como cifras que ilustran transferencias de fondos hacia grupos privados. El mensaje del Ejecutivo es doble: proteger la asistencia pública y perseguir posibles irregularidades con investigaciones que, subrayan, no serán fáciles por la complejidad y la opacidad de algunos entramados empresariales.
Dilemas políticos y la estrategia de alianzas
Paralelamente a los asuntos sanitarios, Más Madrid impulsa una alianza con otras fuerzas para las generales, cuyo acto de presentación está previsto para el día 21. La ministra valora el proceso como una consolidación progresista que busca estabilidad electoral y territorial. En el debate público han surgido propuestas y preguntas de distintos líderes —incluidos Emilio Delgado y Gabriel Rufián— y la dirección del partido apuesta por dar cabida a iniciativas que sumen a la causa común sin perder identidad.
La ministra insiste en que el bloque progresista necesita coherencia organizativa y arraigo territorial para confrontar las narrativas de la derecha y la ultraderecha. La prioridad, afirma, es avanzar en políticas concretas que protejan la sanidad pública, mejorar las condiciones laborales y mantener la continuidad asistencial, todo ello sin renunciar al diálogo con sindicatos, comunidades y partidos del arco parlamentario.
