El Congreso ha debatido la proposición de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos; el PP anunció apoyo, pero Junts ha rechazado el texto de Vox y registró una alternativa
El 17/02/2026 el Congreso de los Diputados abordó la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos y en recintos privados con proyección de uso público.
La propuesta plantea reformas normativas que incluirían sanciones administrativas y modificaciones penales y migratorias.
La iniciativa suscitó un choque político inmediato: el Partido Popular adelantó que respaldaría la propuesta registrada por Vox en noviembre, mientras que diversas formaciones de izquierda y regionalistas anunciaron su rechazo.
En pleno debate, Junts comunicó que votaría en contra de la ley de Vox pero presentó su propio proyecto con un objetivo similar a nivel sustantivo.
Posiciones enfrentadas en la Cámara
El conflicto central del debate no es solo jurídico, sino también político: Vox sostiene que estas prendas son incompatibles con el «modo de vida» occidental y plantea sanciones que van desde multas hasta penas para quienes impongan su uso mediante coacción. El texto incluye además la posibilidad de endurecer las expulsiones administrativas para extranjeros que vulneren lo propuesto. En contraste, PSOE, Sumar, Podemos y otros grupos han defendido que una ley de estas características alimentaría discursos xenófobos y podría vulnerar derechos constitucionales, como la libertad religiosa y la no discriminación.
Junts adoptó una postura singular: aunque rechaza la iniciativa de Vox por su origen político y por considerar que no superaría filtros europeos, ha registrado su propio proyecto de ley que prohíbe el velo integral en espacios públicos. Sus portavoces han remarcado que su texto pretende ajustarse a la jurisprudencia europea y a los valores de su comunidad autónoma.
Argumentos jurídicos y preocupaciones constitucionales
Los partidos del Gobierno han aludido a dudas sobre la compatibilidad constitucional de la medida. El PSOE y sus aliados subrayan el riesgo de conflicto con el artículo 14 (prohibición de discriminación) y el artículo 16 (libertad religiosa) de la Constitución. Además, recuerdan precedentes jurisprudenciales en los que el Tribunal Supremo anuló normas locales que pretendían vetar prendas que cubren el rostro.
Seguridad versus libertad
Vox argumenta que la prohibición obedece también a razones de seguridad: la identificación de personas en espacios públicos sería más sencilla si no existieran velos integrales que impiden ver el rostro. Los críticos replican que, si la preocupación fuera exclusivamente de seguridad, habría que incluir otras prendas como pasamontañas o máscaras, y que las medidas punitivas propuestas favorecen la estigmatización.
Sanciones y consecuencias
La propuesta de Vox contempla multas que partirían de 600 euros y podrían alcanzar los 30.000 euros por reincidencia; además propone penas de prisión para quienes obliguen a otras personas a llevar estas prendas mediante violencia o coacción. El texto también propone cambios en la normativa sobre extranjeros para facilitar expulsiones por infracciones consideradas graves.
Reacciones territoriales y contexto autonómico
En el ámbito autonómico, varias cámaras ya han protagonizado debates sobre la materia. Las Islas Baleares aprobaron una proposición no de ley que insta al Ejecutivo central a prohibir el burka en edificios públicos, con el apoyo del PP y Vox y el rechazo de la izquierda. Por su parte, el PP catalán anunció que presentará una iniciativa similar en el Parlament para liderar la discusión en la comunidad autónoma.
Junts defiende que su propuesta delega competencias estatales en materia de seguridad e identificación a la comunidad catalana, algo que busca encajar en el marco normativo europeo y en la protección de derechos básicos. Mientras, partidos como PNV proponen fórmulas menos punitivas: estudiar la cuestión en una subcomisión para analizar colisiones de derechos y la jurisprudencia europea.
Clima político y consecuencias electorales
Más allá del contenido legal, el debate sirve también como instrumento político. El PP busca afianzar vínculos con Vox en comunidades donde su apoyo será determinante para constituir gobiernos autonómicos. Para la izquierda, la discusión plantea el riesgo de que la defensa de los derechos de las mujeres quede vinculada a posturas que puedan ser instrumentalizadas por la extrema derecha.
En el Pleno del Congreso la iniciativa de Vox no prosperó tras el anuncio de voto en contra de Junts; además, otras formaciones de izquierda confirmaron su rechazo y Coalición Canaria anunció abstención. El episodio ilustra la complejidad de conciliar preocupaciones sobre igualdad, libertad religiosa y seguridad en un paisaje político polarizado.
