el gobierno ha decidido recurrir al artículo 8 del estatuto del ministerio fiscal para que se investigue si las grandes plataformas han permitido la creación y difusión de pornografía infantil por medio de inteligencia artificial, y anuncia medidas para limitar daños a menores en redes sociales.
El Ejecutivo ha dado un paso firme en su respuesta a la difusión de imágenes sexuales de menores creadas o amplificadas por herramientas de inteligencia artificial. En la reunión del Consejo de Ministros de este martes se acordó invocar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedir que la Fiscalía investigue posibles delitos cometidos por plataformas como X, Meta y TikTok.
La iniciativa pretende determinar responsabilidades penales y clarificar si estas redes han facilitado la producción o la circulación de pornografía infantil mediante modelos y APIs de generación de imágenes.
El presidente del Gobierno ha subrayado que no puede permitirse la impunidad frente a grandes compañías tecnológicas que, según su criterio, ponen en riesgo «la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas».
Esta decisión es la primera de una batería de medidas anunciadas para limitar el impacto de contenidos ilícitos en entornos digitales y proteger a menores.
Qué pide el gobierno y por qué
La invocación del artículo 8 supone solicitar formalmente al órgano fiscal que abra diligencias para investigar hechos que podrían constituir delitos. El objetivo es comprobar si la creación y difusión de imágenes sexualizadas de menores mediante sistemas de generación automática y su distribución en redes sociales constituyen delitos tipificados en el código penal. La ministra de Juventud e Infancia ha insistido en que esta acción complementa una petición previa, cursada en enero, para determinar si X había incurrido en conductas ilícitas relacionadas con pornografía infantil.
Además, el Ejecutivo quiere abordar otros problemas asociados: la manipulación de algoritmos que explotan datos sin consentimiento, la negativa de plataformas a retirar contenidos ilegales y la necesidad de atribuir responsabilidades cuando las empresas se muestren pasivas ante estos riesgos.
Las medidas anunciadas y su alcance
Junto con la petición a la Fiscalía, el Gobierno ha detallado varias líneas de actuación. Entre ellas figura la investigación de algoritmos que puedan promover o amplificar contenidos sexuales sobre menores, la imposición de obligaciones penales para las compañías que se nieguen a retirar material ilícito y la creación de herramientas para cuantificar la «huella» de odio y polarización que generan ciertas plataformas. También se plantea limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años como medida preventiva.
Cooperación institucional y retos técnicos
Para que estas medidas sean efectivas será necesaria la colaboración entre órganos estatales, fiscalía, autoridades de protección de datos y, en su caso, entes internacionales. La investigación debe afrontar retos técnicos: diferenciar imágenes reales de las generadas por IA, rastrear cadenas de distribución y determinar con evidencias cómo y quién ha utilizado modelos para producir y difundir material infantil sexualizado.
Responsabilidad de las plataformas
El Gobierno señala que las compañías deben asumir responsabilidades cuando sus servicios sirven de canal para delitos. Esto incluye protocolos ágiles de retirada de contenido ilícito, mayor transparencia sobre moderación y control de recomendaciones, y mecanismos para impedir que herramientas de generación de contenido se empleen con fines delictivos.
Reacción pública y efectos previsibles
La decisión de acudir a la Fiscalía encontrará apoyo entre organizaciones que defienden los derechos de la infancia y la seguridad digital, aunque también puede abrir debates sobre regulación, libertad de expresión y límites al desarrollo tecnológico. El Ejecutivo ya había avanzado, el pasado 6 de febrero, una campaña de cinco medidas enfocadas a combatir la presencia de contenidos criminales en redes sociales; la solicitud al Ministerio Fiscal es el primer paso operativo de esa estrategia.
En los próximos meses se podrá evaluar si la acción fiscal desemboca en actuaciones concretas, sanciones o cambios regulatorios. Mientras tanto, el anuncio pretende enviar dos mensajes claros: que el Estado no tolerará la explotación de menores en el entorno digital y que las grandes plataformas deberán rendir cuentas cuando sus productos faciliten delitos.
