UGT anuncia que la jornada de 35 horas se aplicará en marzo en la Administración General del Estado sin prever más contrataciones y detalla el tratamiento de servicios continuos y colectivos con horarios específicos
La implementación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado se encuentra a punto de activarse: fuentes sindicales señalan que el proceso culminará tras un último trámite en la mesa general, y el punto esencial es que esta medida no obligará, según UGT, a aumentar la contratación de personal.
Esta reducción horaria forma parte de acuerdos marco suscritos por varias organizaciones y del compromiso del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública.
En un encuentro informativo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el responsable de AGE en UGT, Carlos Álvarez, explicaron las particularidades de la puesta en marcha: habrá que negociar adaptaciones para servicios continuos y para colectivos que, por su naturaleza, cuentan con instrucciones específicas de jornada.
Cómo se aplicará la reducción horaria
La implantación de la jornada de 35 horas nace de acuerdos previos entre sindicatos y la Administración. El Ministerio responsable informó a las organizaciones firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI que se había iniciado el procedimiento para hacer efectiva la reducción. UGT indica que solo resta una sesión en la mesa general para completar el trámite administrativo, prevista para los próximos días.
Cuestiones técnicas y colectivos con régimen especial
Existen colectivos con horarios singulares, como prisiones o determinados servicios sanitarios, que habitualmente se rigen por una instrucción específica sobre jornada y turnos. Para estos casos, UGT advierte que será necesario dar pasos adicionales: pactos anuales o acuerdos que permitan reorganizar cuadrantes sin perjudicar la atención ciudadana ni la productividad.
Servicios 24 horas: acuerdos y reorganización
En servicios que requieren atención las 24 horas del día, los portavoces sindicales explicaron que la reducción de jornada no se abordará de forma unilateral. En estas áreas será preciso negociar mecanismos de compensación y redistribución de turnos mediante pactos anuales, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio sin incrementar, según la previsión sindical, el número de contrataciones.
Calendario escalonado para algunos grupos
UGT puntualizó que determinados colectivos podrían ver aplicada la jornada de 35 horas de manera escalonada: la medida se implantará primero en la mayoría de la AGE y posteriormente, con un mes de diferencia, en grupos sujetos a instrucciones especiales. Esta secuencia pretende facilitar la reorganización de turnos y garantizar la prestación de servicios esenciales.
Repercusiones políticas y sociales
La entrada en vigor de la reducción horaria también tiene un componente político: UGT destacó que la medida puede impulsar a administraciones autonómicas renuentes a adoptarla. En concreto, Isabel Araque señaló que la Comunidad de Madrid había condicionado su adopción a un paso previo del Estado, por lo que la decisión estatal puede provocar adhesiones locales.
Además, desde la organización sindical se defiende que la mejora de las condiciones del personal público actúe como referente para el conjunto de la plantilla trabajadora del país. En este sentido, se criticó la demora en la aprobación de otras iniciativas laborales en el ámbito privado, como la reducción a 37,5 horas, y se calificó esa paralización como una oportunidad perdida frente a los desafíos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial.
La implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado parece inminente y, según UGT Servicios Públicos, no implicará un aumento de plantilla. Sin embargo, su ejecución exige negociación fina en servicios con turnos continuos y colectivos con instrucciones puntuales. El seguimiento del proceso en la mesa general y los acuerdos posteriores para cuadrantes y pactos anuales serán determinantes para que la reducción horaria se traduzca en mejoras efectivas sin afectar la atención a la ciudadanía.
