La renuncia del número dos operativo tras una querella por agresión sexual ha generado sorpresa entre los agentes; las organizaciones sindicales piden respeto al procedimiento y protección a la víctima
La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional quedó sacudida tras la admisión a trámite de una querella por agresión sexual presentada por una inspectora contra su superior. El comisario José Ángel González presentó su dimisión la noche en que se hizo pública la denuncia, y la noticia encendió una ola de reacciones en sindicatos, mandos y la misma Administración.
A pesar de la renuncia, imágenes publicadas por medios mostraron la utilización de recursos oficiales, lo que añadió más controversia al caso.
La acusación describe una relación previa entre la denunciante y el alto mando y recoge hechos que, según la querella, ocurrieron en un domicilio oficial.
La causa abre interrogantes sobre el uso de la jerarquía, la protección de la víctima y la actuación institucional. Mientras el Juzgado de Violencia sobre la Mujer admitía la denuncia, los representantes sindicales combinaron la defensa del cuerpo con la exigencia de que el proceso judicial se desarrolle con total transparencia y sin juicios paralelos.
Reacciones internas y sindicales
Entre los aproximadamente 76.700 agentes del Cuerpo Nacional de Policía la noticia causó un impacto notable: «estamos en shock», señalaron varios agentes consultados. El sindicato mayoritario, JUPOL, pidió la salida inmediata del DAO y exigió que se aplique la misma vara de medir a los mandos que a los agentes de base. Otros sindicatos, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), reclamaron prudencia y recordaron la presunción de inocencia como garantía fundamental.
Las organizaciones sindicales subrayaron la importancia de preservar la imagen institucional sin torpedear la investigación. Voceros sindicales señalaron que la ejemplaridad en puestos de alta dirección «no es una opción, es una obligación» y pidieron que las pesquisas internas y penales se desarrollen sin interferencias. También se advirtió sobre el daño reputacional que generan declaraciones apresuradas o demandas de dimisiones anticipadas sin respaldo procesal.
Hechos relatados en la querella y medidas disciplinarias
Según el relato aportado por la denunciante, los hechos que motivaron la querella se remontan a una jornada en la que, presuntamente, el mando utilizó su posición para desplazar a la agente hacia un domicilio adscrito al cargo. La querella —presentada por la inspectora— incluye acusaciones de agresión sexual con penetración, coacciones y daños psicológicos, y apunta también a posibles ofrecimientos laborales para silenciar la denuncia. En la documentación que obra en la causa se menciona además una supuesta campaña de acoso telefónico posterior a los hechos.
El Ministerio del Interior ordenó apartar de sus funciones al comisario Óscar San Juan, asesor directo del DAO, a raíz de informaciones que le atribuyen llamadas en las que se ofrecía a la víctima elegir un destino profesional. Interior además abrió una investigación interna para determinar si existió conocimiento previo en la jerarquía sobre lo sucedido y si hubo mala utilización de recursos públicos, cuestión que algunos medios han vinculado a la posible permanencia de escolta o vehículo oficial tras la dimisión.
Equilibrio entre protección de la víctima y presunción de inocencia
Protección y apoyo a la denunciante
Los mandos sindicales y representantes policiales insistieron en la necesidad de blindar la atención a la víctima: medidas laborales, apoyo psicológico y garantías de no represalias fueron reclamadas por distintas voces. La inspectora, según la querella y fuentes consultadas, continúa de baja con diagnóstico vinculado al episodio denunciado. Garantizar su recuperación y seguridad ha sido señalado como prioritario por varios colectivos.
Presunción de inocencia y proceso judicial
Al mismo tiempo, la otra cara del debate es la presunción de inocencia del imputado, que para muchos sindicatos y juristas impone evitar juicios mediáticos que puedan condicionar la instrucción. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha citado tanto a la denunciante como al investigado para declarar el 17 de marzo, fecha en la que se prevé que la instrucción avance y se determinen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Impacto institucional y político
La polémica no se limitó a los pasillos de las comisarías; alcanzó el ámbito político. Los grupos de la oposición pidieron explicaciones sobre decisiones administrativas previas, incluida la prórroga en el destino del mando afectado que autorizó su continuidad más allá de la edad habitual de jubilación. Por su parte, el ministro del Interior aseguró desconocer la denuncia hasta su publicación pública y vinculó la actuación administrativa inmediata a la aparición de la información en prensa.
En los próximos pasos, la pesquisa judicial y la investigación interna marcarán el calendario. Mientras tanto, la Policía enfrenta el reto de conciliar la defensa de su prestigio institucional con el derecho de la víctima a una investigación rigurosa y con la garantía procesal del imputado. El caso seguirá siendo un foco de atención por su dimensión humana, jurídica y organizativa.
