El Ejecutivo teme que Junts tumbe la moratoria antidesahucios y deje sin efecto medidas de apoyo a familias vulnerables y compensaciones a propietarios
El debate parlamentario sobre el escudo social ha tensionado la agenda política: la convalidación del real decreto ley en el Congreso se anticipa como una prueba de fuerza entre el Ejecutivo y los partidos que pueden decidir su destino. Tras la fractura sufrida en el pleno del 27 de enero, cuando Junts se unió a PP y Vox para tumbar un paquete más amplio, el Gobierno tuvo que dividir las medidas para intentar salvar las más urgentes.
La incertidumbre sigue vigente: el voto de Junts es, a día de hoy, la pieza clave.
En la Moncloa admiten que, por el momento, no cuentan con el respaldo posconvergente: «Hoy por hoy no tenemos el voto de Junts«, reconocen fuentes del Ejecutivo.
Esa ausencia de garantías complica la ratificación de la parte del escudo social que incorpora la moratoria de desahucios, la extensión del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables y otras medidas de protección social.
De qué depende la votación y por qué es crucial
La Cámara baja debe decidir sobre cuatro reales decretos leyes; según el Gobierno, tres acabarán convalidándose sin sobresaltos: la actualización de pensiones (con el apoyo incluso del PP), las ayudas a víctimas de accidentes concretos y la regulación que evita subidas de precios en situaciones de emergencia. El escollo es el cuarto decreto, el que contiene el escudo social completo, y en especial la prórroga de la suspensión de lanzamientos para familias en situación de vulnerabilidad.
Negociaciones, pactos y la enmienda a la estrategia
Después del revés parlamentario del 27 de enero el Ejecutivo optó por fragmentar el paquete: separar la subida de pensiones del resto de medidas. Con la ministerio de Vivienda negociando, se alcanzó un acuerdo con PNV y Coalición Canaria que modificó la redacción de la moratoria; se permitió que pequeños propietarios (una o dos viviendas) y ciertos supuestos concretos pudieran recuperar la vía de desalojo. Ese ajuste buscaba neutralizar las críticas sobre la protección de la propiedad privada, pero no ha bastado para convencer a Junts.
La posición de Junts y sus argumentos
Junts ha reiterado su rechazo: considera que la redacción aún ampara a quienes ocupan viviendas y reclama medidas más favorables a los propietarios. Desde esa formación aseguran que no mantienen negociaciones y que, sin cambios sustantivos, no contemplan la abstención. Para Junts, la cuestión de la okupación es un asunto de prioridad y su voto responde tanto a argumentos de fondo como a cálculos políticos en relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las futuras negociaciones, incluido el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, otra reclamación pendiente.
Consecuencias prácticas si el decreto decae
Si el decreto se deroga, dejarán de aplicarse medidas que ahora protegen a miles de familias vulnerables: la moratoria de desahucios, la prohibición de cortes de suministros y la posibilidad de solicitar compensaciones económicas por rentas no percibidas. Asociaciones de propietarios ya han movido a sus afiliados para que reclamen indemnizaciones mientras el decreto está vigente, porque, si decae, esas solicitudes perderían base jurídica. Además, el fracaso tendría efecto dominó sobre otras partidas destinadas a ayudas por catástrofes naturales y transferencias a comunidades y ayuntamientos.
Opciones del Gobierno y límites procesales
Un real decreto ley se enfrenta a una dicotomía en el Congreso: convalidación o derogación. Aunque existe la posibilidad teórica de tramitarlo como proyecto de ley para introducir enmiendas, en la práctica los Gobiernos evitan esa vía por el riesgo de perder el control del contenido. Desde la Moncloa se plantean posibilidades retóricas —»¿volver a presentarlo para que nos lo tumben otra vez?»— pero reconocen que la opción más realista pasa por apurar canales de negociación hasta el último minuto.
La sensación en el Ejecutivo es que la decisión final de Junts puede no depender únicamente del texto técnico; fuentes internas especulan que la dirección del partido, con Puigdemont en el centro de la toma de decisiones, marcará el sentido del voto. Mientras tanto, el calendario parlamentario y la escasez de apoyos dejan un panorama de incertidumbre política que, al menos por ahora, sitúa en riesgo la vigencia del escudo social.
