El ministerio y el CGPJ cierran un principio de acuerdo para crear 500 plazas judiciales en febrero de 2026, en medio de discrepancias sobre reparto, necesidades estructurales y la estabilización de personal interino
El anuncio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre una macroconvocatoria de 500 plazas para jueces y magistrados abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La propuesta prevé un reparto entre el turno libre y el llamado cuarto turno, y llega acompañada de medidas paralelas como la consolidación de las becas SERÉ y la implantación de los tribunales de instancia en todo el territorio.
Aunque el objetivo oficial es reforzar la plantilla judicial y agilizar la administración de justicia, la iniciativa también ha tensionado la coordinación entre el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces. El choque se traduce en solicitudes de informes internos, debates públicos y reservas sobre la prioridad de las plazas a crear.
Contenido y distribución de la convocatoria
El plan del Ministerio fija 375 plazas que se cubrirían por oposición en el turno libre, mientras que 125 plazas quedarían reservadas para el cuarto turno, vía que permite el acceso por concurso de méritos a juristas con amplia trayectoria. Según las fuentes consultadas, el decreto ministerial desglosa las nuevas plazas así: 363 para secciones de tribunales de instancia, 85 para magistrados en órganos colegiados (con una asignación concreta entre Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores y audiencias provinciales) y 50 plazas de jueces de adscripción territorial.
Implicaciones prácticas
La creación administrativa de una plaza no equivale a la presencia inmediata de un juez en el órgano. El proceso sigue un mecanismo escalonado: las nuevas vacantes se ofrecen primero a magistrados con mayor antigüedad y solo más adelante llegan a los ingresantes recientes. Este efecto dominó impide que la incorporación sea instantánea y sitúa el calendario de ocupación real de las plazas a varios meses vista.
Choques institucionales y petición de informes
Ante el anuncio, el CGPJ pidió a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia que informen sobre el decreto. Fuentes judiciales indican que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal se pronunciará de forma inminente y que es probable que advierta del déficit estructural de jueces en distintos órganos, subrayando la necesidad de una planificación más detallada y recursos adicionales.
La tensión entre Bolaños y Perelló
La relación entre el ministro y la presidenta del CGPJ ha mostrado fricciones públicas: Perelló expresó reservas sobre la viabilidad práctica y la planificación presupuestaria necesarias para cubrir las plazas, mientras que desde el Ministerio se respondió criticando ese pronunciamiento como un gesto de excesiva politización. Aun así, fuentes próximas señalan que hubo una reunión discreta que permitió cerrar un principio de acuerdo sobre la composición de la convocatoria.
Estabilización del personal y críticas parlamentarias
Paralelamente a la creación de las 500 plazas, en el Congreso se plantearon dudas sobre la situación del personal interino y los procesos de estabilización. La diputada de ERC, Pilar Vallugera, pidió explicaciones sobre el proceso extraordinario que afecta a más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos, denunciando casos de funcionarias con décadas de servicio excluidas de las últimas listas. Su intervención puso el foco en la precariedad del personal que sostiene la actividad diaria de los órganos judiciales.
Ante esas críticas, el ministro resumió la actuación del Ejecutivo con una frase breve: «Estamos estabilizando«. Además, el departamento subrayó la continuidad de las ayudas SERÉ, que equiparan una beca al salario mínimo para facilitar el acceso a la carrera judicial, fiscal y a la Abogacía del Estado sin que el factor económico sea un obstáculo.
Balance y retos por delante
La creación de 500 plazas es una respuesta clara al problema demográfico y de plantilla que atraviesa la judicatura, pero su eficacia dependerá de varios factores: la coordinación entre Ministerio y CGPJ, la disponibilidad presupuestaria, la rapidez en la ocupación efectiva de plazas y la atención a la estabilización del personal interino que mantiene el día a día de los juzgados. El debate seguirá abierto en las próximas semanas, entre informes de las salas de gobierno, decisiones sobre el reparto final de vacantes y las condiciones concretas de la oposición y del concurso de méritos.
Como resultado, la medida aspira a acercar la justicia a la ciudadanía reduciendo plazos y cargas de trabajo, pero su éxito práctico exigirá una planificación técnica y un compromiso institucional sostenido para transformar lo anunciado en magistrados y jueces en activo en los órganos que más lo necesitan.
