Interior aparta a un comisario por supuestas coacciones a la denunciante y confirma que se abrió una información reservada tras la admisión a trámite de la querella contra el DAO
El Ministerio del Interior anunció la apertura de una información reservada y la separación temporal de funciones del comisario Óscar San Juan al conocerse una querella por presunta agresión sexual que afecta al antiguo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.
La denuncia, admitida a trámite, incluye además acusaciones de presuntas coacciones para que la víctima guardara silencio, ofrecimientos de puestos y otras presiones internas.
La noticia, que provocó la dimisión de José Ángel González el 17/02/2026, ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a tomar medidas inmediatas: pedir el relevo del comisario señalado y asegurar que se actuó con contundencia desde el momento en que el departamento conoció la existencia de la querella.
Medidas del ministerio y argumentos del titular
El ministro trasladó a la prensa que, tras conocer la querella, ordenó que se separara de responsabilidades al comisario implicado y que se iniciara la investigación interna. Marlaska negó haber tenido conocimiento previo de la denuncia y rechazó las acusaciones del Partido Popular de haber encubierto los hechos. Según su versión, la existencia de la querella llegó al ministerio de manera reciente y por la vía judicial, y en cuanto se supo se actuó para preservar el prestigio institucional y la integridad del cuerpo.
Reacción política y exigencias de dimisión
En la sesión de control, la bancada del Partido Popular reclamó la dimisión del ministro a gritos; Marlaska respondió que solo aceptaría críticas y, en su caso, una dimisión si la propia víctima considerara que no se le protegió. Fuentes del ejecutivo descartaron que el asunto abra una crisis de gobierno y subrayaron que la Moncloa tuvo conocimiento de la querella al mismo tiempo que el propio ministerio, a través de la prensa.
Relato de la denunciante y papel del comisario
Según la acusación, la presunta agresión sexual habría tenido lugar en un domicilio vinculado al DAO y se describe un patrón de presiones posteriores que incluyó intentos de que la agente afectada no presentara la denuncia. El abogado de la víctima explicó que la denuncia se presentó por la vía judicial con discreción y que la mujer se encuentra de baja por motivos psicológicos tras meses de angustia y coacciones.
Identificación del presunto ejecutor de las coacciones
La querella sitúa al comisario Óscar San Juan como quien, en nombre del entonces DAO, ofreció a la denunciante cualquier puesto en la Policía si guardaba silencio. Además, se le atribuye un papel activo en las maniobras para contener la difusión de los hechos y, por ello, fue citado en el escrito presentado ante el juzgado. El abogado de la víctima señaló que la implicación del comisario podría derivar también en responsabilidades penales, dado que figura en la narración de las presuntas coacciones.
Contexto interno y consecuencias organizativas
La dimisión del DAO el 17/02/2026 y el relevo del comisario buscan contener el impacto institucional y ofrecer una respuesta rápida ante una denuncia con carácter grave. En el entorno policial, la noticia ha reabierto el debate sobre protocolos de actuación ante casos de acoso y agresión dentro de los cuerpos de seguridad, así como sobre la protección efectiva de las víctimas y la accesibilidad de canales seguros para denunciar.
Fuentes del ministerio han defendido que las actuaciones tomadas buscan preservar la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, garantizar que se investiguen todas las alegaciones con independencia. Al mismo tiempo, miembros del gobierno han respondido con dureza a las críticas de la oposición, calificándolas de hipócritas en comparación con otros casos similares que, según esas fuentes, no provocaron reacciones equivalentes.
Protocolo y protección de la denunciante
El abogado de la denunciante detalló que existen protocolos internos para denunciar acoso y agresión, pero que el carácter jerárquico de la supuesta agresión dificultó su activación. La denuncia se presentó para que el procedimiento judicial actúe con total independencia y para que la víctima reciba protección. Se ha subrayado además la importancia de que la administración garantice el apoyo psicológico y administrativo necesario mientras se desarrolla la instrucción.
El caso sigue abierto y la investigación judicial deberá determinar responsabilidades penales y administrativas. Mientras tanto, la apertura de la información reservada y la separación temporal de funciones del comisario son medidas cautelares que evidencian la preocupación institucional por aclarar los hechos y restablecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad.
