La Cambra de Comerç de Barcelona propone retomar el pago por uso en la red de alta capacidad para garantizar conservación, seguridad y financiación estable
La Cambra de Comerç de Barcelona, presidida por Josep Santacreu, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de un sistema de financiación para las autopistas y autovías basado en el pago por uso. La propuesta apela a los principios europeos de quien usa paga y quien contamina paga como ejes para sufragar el mantenimiento y las mejoras de la red viaria.
El debate surge en un contexto de tensión en la movilidad regional: la crisis de Rodalies y los datos de inversión pública revelan déficits que, según la Cambra, hacen insostenible el modelo actual de financiación. La institución reclama además una fórmula homogénea y equitativa para todo el Estado que elimine diferencias por titularidad de las vías.
Estado actual de la inversión y señales de alarma
En términos de ejecución presupuestaria, la Cambra recuerda que, según el último dato conocido, en el primer semestre de el Estado destinó apenas 456 millones de euros a inversiones en Catalunya, lo que supuso sólo el 20% de lo previsto. Esta falta de recursos se percibe en la mayor congestión, un aumento de la siniestralidad y el acelerado desgaste del pavimento.
El informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) alimenta estas alarmas: el déficit de inversión en conservación ha pasado de 9.453 millones de euros en a 13.491 millones en la actualidad, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento ronda los 2.000 millones entre las distintas administraciones, una cifra que la Cambra considera insuficiente.
Datos sobre el estado de la red
Las cifras sectoriales señalan que más de la mitad de las carreteras, tanto del Estado como de Catalunya, presentan un deterioro grave o muy grave. En términos absolutos, la AEC estima que el 52% de la red viaria —unos 54.000 kilómetros de un total de 101.700— está en condiciones críticas, y cerca de 34.000 kilómetros requerirían una reconstrucción completa.
Impacto de la gratuidad y el aumento del tráfico
La eliminación de peajes en varias concesiones catalanas en —entre ellas la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33— ha provocado un notable incremento del uso. La Cambra destaca que algunos tramos de la AP-7 operan ya al límite de su capacidad, con aumentos de tráfico en cinco años de hasta el 37% en vehículos ligeros y del 55% en pesados.
Para la corporación, este mayor tránsito no sólo genera congestión sino también un coste adicional en conservación y seguridad que el presupuesto actual no puede absorber sin cambios en el modelo de financiación.
Modelos sobre la mesa: viñeta, pago por distancia y transferencias
Entre las alternativas planteadas, la Cambra considera que el modelo óptimo sería el pago por distancia recorrida, aunque acepta la viñeta como solución transitoria. La Generalitat había propuesto una viñeta de tarifa plana para turismos y camiones que podría generar alrededor de 1.000 millones de euros anuales, pero esa iniciativa quedó paralizada por la falta de un marco estatal claro.
Además, la institución sugiere explorar el traspaso de todas las carreteras de titularidad estatal a la Generalitat —siguiendo el ejemplo del País Vasco— para facilitar una gestión integral, aunque matiza que la financiación de las inversiones seguiría dependiendo en gran medida del Gobierno central.
Comparación internacional y argumentos de la patronal
La Cambra apoya sus argumentos con informes sectoriales que sitúan a España como una excepción en Europa. La patronal Seopan advertía de que España concentra el 68% de los kilómetros de autovía sin peaje entre los veintisiete países de la UE, y la consultora PwC señalaba que 19 países europeos tarifican el 100% de su red de autopistas y otros 5 superan el 75%: España apenas llega al 13%.
Ese desequilibrio tiene consecuencias prácticas: conductores extranjeros pagan para usar infraestructuras en otros países, mientras que muchos usuarios extranjeros circulan por España sin contribuir a su mantenimiento. Para la Cambra, corregir esa asimetría es clave para garantizar recursos y preservar la seguridad vial.
Camino a seguir: coordinación y consenso
La propuesta de la Cambra no se limita a reclamar peajes: exige la creación de un marco de colaboración entre administraciones —Estado, Generalitat y ayuntamientos— y el sector público y privado para gestionar la transición hacia un nuevo modelo. La entidad recuerda que el Estado adquirió ante la Unión Europea el compromiso de implantar un mecanismo de pago por uso en las carreteras estatales en , y advierte que sin un esquema estable de financiación el deterioro continuará afectando competitividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías.
