El director adjunto operativo José Ángel González Jiménez ha renunciado después de que un juez haya admitido a trámite una querella por supuesta agresión sexual que recoge además cargos por coacciones y malversación
La cúpula policial vive un terremoto institucional tras conocerse la admisión a trámite de una querella que señala al actual director adjunto operativo (DAO), José Ángel González Jiménez. Fuentes oficiales han indicado que, tras la noticia de que el magistrado David Maman Benchimol ha abierto investigación y ha citado al querellado a declarar el 17 de marzo en calidad de querellado, González comunicó al Ministerio del Interior su intención de dimitir y que su cese se hará efectivo en las próximas horas.
La querella incorpora acusaciones que van más allá del presunto delito sexual, incluyendo coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
Qué recoge la querella y cómo se produjo la denuncia
El escrito presentado por el abogado Jorge Piedrafita, representante de la funcionaria denunciante, relata hechos que habrían ocurrido en abril de, cuando la agente se encontraba de servicio.
Según la denuncia, la víctima recibió órdenes para acudir en un vehículo oficial camuflado al restaurante donde González almorzaba junto a otro mando; desde allí, afirman, se desplazaron a la vivienda oficial de uso ministerial del DAO. La querella sostiene que, en esa vivienda, se produjo la agresión con penetración y que la autoridad jerárquica del acusado fue utilizada para someter a la víctima, provocándole lesiones y dejando secuelas psicológicas que derivaron en baja médica y retirada del armamento.
Relato detallado de los hechos
En el documento judicial se describe que, durante la jornada del 23 de abril de, la víctima se negó inicialmente a acceder a la petición de presentarse junto al DAO. No obstante, la denuncia afirma que la presión institucional derivó en que la agente fuera trasladada y que, una vez en la vivienda, el querellado insistiera en un acercamiento sexual que la denunciante rechazó de forma contundente. La querella incorpora una grabación de audio que, según la parte acusadora, corrobora el episodio y detalla episodios de agresión física y maniobras para doblegar la voluntad de la víctima.
Coacciones, campaña de acoso y comunicaciones posteriores
La denuncia no se limita a la agresión sino que añade una supuesta campaña de acoso posterior. La víctima señala que el propio DAO la llamó de forma insistente la noche de los hechos —hasta 17 llamadas en un intervalo breve según el escrito— y le envió mensajes ofensivos buscando minimizar lo ocurrido y presionarla. La querella documenta intentos de contacto continuados hasta julio de, con mensajes que, siempre según la acusación, tenían por objeto intimidar y desacreditar a la agente para impedir que presentara la denuncia.
Ofertas y presuntas presiones por destinos
En el relato presentado al juzgado también figura la intervención de otros mandos. La denunciante refiere que, tras manifestar su intención de denunciar, recibió llamadas en las que se la amenazó con repercusiones profesionales y se le ofrecieron destinos a cambio de su silencio. Concretamente, la querella menciona una conversación del 22 de mayo de y gestiones realizadas en julio de por el comisario Óscar San Juan González, asesor del DAO, que, según la versión de la agente, le ofreció un puesto a cambio de no denunciar.
Reacciones institucionales y sindicales
La respuesta institucional llegó con rapidez: desde el Ministerio del Interior, fuentes gubernamentales indican que la admisión a trámite de la querella motivó que se acelerara la salida del máximo responsable operativo. El ministro Fernando Grande‑Marlaska, quien nombró a González DAO en 2018, ha recibido también demandas de actuación por parte del abogado de la víctima para protegerla. Por su parte, el sindicato mayoritario Jupol exigió la salida inmediata del DAO y reclamó la dimisión del ministro, apelando a la necesidad de preservar la honorabilidad del Cuerpo, aunque matizando que se respeta la presunción de inocencia.
La Policía, a través de un portavoz, declaró inicialmente desconocer el contenido de la querella y se limitó a señalar que no podía ofrecer una respuesta hasta acceder al expediente. El juzgado que tramita la causa es el de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, cuyo magistrado, David Maman Benchimol, ha citado a declarar tanto al querellado como a la supuesta víctima el 17 de marzo. La investigación judicial determinará si los hechos denunciados se ajustan a los delitos que se imputan y cómo se depuran las responsabilidades.
