Una alta funcionaria cercana a la exconcejala renuncia en Móstoles por motivos de coherencia y veracidad tras la presentación de una querella penal que acusa al alcalde y al PP de varios delitos
La renuncia de la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles ha situado de nuevo al municipio en el foco informativo. La funcionaria, que llegó al puesto en 2026 vinculada a la exconcejala que originalmente denunció irregularidades internas, presentó su dimisión el 16 de febrero de 2026 alegando un “deber de compromiso con la veracidad” y la necesidad de mantener la coherencia institucional.
Su carta, adelantada por Cadena Ser y difundida entre el personal municipal, subraya motivos éticos y personales como fundamento para la salida.
La salida se produce después de que la exconcejala de Móstoles acudiera a la vía penal para presentar una querella contra el alcalde, Manuel Bautista (PP).
El escrito, interpuesto por el letrado Antonio Suárez-Valdés ante la Sección de lo Penal del Juzgado de Instancia de Móstoles, acusa de presunto acoso sexual y acoso laboral, además de otros delitos como lesiones, coacciones, revelación de secretos y un delito contra la integridad moral. La querella incluye también al Partido Popular como persona jurídica, conforme a lo establecido en el Código Penal en los artículos señalados por la defensa.
Motivos y contexto de la dimisión
En su renuncia la coordinadora explica que su nombramiento estaba “directamente vinculado a la relación de confianza con la concejala de área” y que, por congruencia con los hechos que se han hecho públicos, considera necesario dar un paso al lado. La trabajadora remarca que abandona el puesto por valores y honestidad, y que su objetivo es no interferir en el funcionamiento de la administración ni en el trabajo de los equipos técnicos y funcionarios con los que venía colaborando. El comunicado ha generado preguntas sobre la dinámica interna del consistorio y sobre la gestión interna del caso por parte del partido.
La querella: alcance y elementos probatorios
El letrado de la denunciante califica el procedimiento como de “alta complejidad técnica”, debido a que una parte de los hechos habría ocurrido en la intimidad y a la supuesta eliminación de correos oficiales de la exedil. Según la acusación, existe un soporte probatorio amplio que pretende acreditar solicitudes de favores de carácter sexual por parte del alcalde y, tras la negativa, un patrón de hostigamiento para aislar e invisibilizar a la víctima en su entorno laboral. La querella detalla que el presunto acoso sexual se produjo en tres ocasiones y que, ante la falta de una respuesta efectiva interna, la afectada decidió recurrir a la vía penal.
Personas llamadas a declarar
Entre las solicitudes de prueba se incluyen peticiones de declaración de altos cargos y testigos; el escrito quiere citar a once personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y responsables del PP autonómico como Alfonso Serrano y Ana Millán. La defensa argumenta que la falta de actuación por parte de la organización política constituye una forma de revictimización y recuerda que la ausencia o deficiente implantación de protocolos de protección frente al acoso puede generar responsabilidad penal a la persona jurídica implicada.
Reacciones y posibles consecuencias políticas
El episodio ha provocado cierta inquietud en el ámbito municipal y autonómico: la sombra de la denuncia penal añade presión sobre la dirección del partido y plantea dudas sobre los mecanismos internos de respuesta a denuncias de acoso. Por su parte, fuentes municipales han calificado la renuncia como voluntaria y motivada por el compromiso con la veracidad, sin concretar si existe una relación directa entre la dimisión y la querella. En el terreno político, la inclusión del PP como persona jurídica en la querella eleva las posibles consecuencias más allá del ámbito personal del alcalde.
Impacto en la gestión local
La marcha de una responsable de confianza afecta a proyectos concretos vinculados a transformación digital y gestión documental en el Ayuntamiento; además, abre interrogantes sobre la continuidad de iniciativas iniciadas en 2026. La situación obliga al consistorio a ordenar la transición de responsabilidades y a garantizar el desarrollo normal de los servicios municipales, al tiempo que la investigación judicial avance y se clarifiquen los hechos denunciados.
En conjunto, el caso combina dimensiones personales, administrativas y políticas que se desarrollan en paralelo: la dimisión del 16 de febrero de 2026, la querella presentada por la exconcejala y la decisión de incluir al partido como persona jurídica configuran un proceso que seguirá su curso en los tribunales y que puede condicionar la vida política local y autonómica en los próximos meses.
