Una inspectora ha presentado una querella por violación contra el ex DAO José Ángel González; Interior ha abierto una investigación interna y el comisario Óscar San Juan está señalado por presunta coacción
El caso que afecta a la cúpula policial ha saltado del rumor interno a la esfera pública tras la presentación de una querella por agresión sexual. La denuncia sitúa los hechos el 23 de abril de y relata una presunta violación en una vivienda oficial, además de describir una sucesión de llamadas y supuestas presiones laborales posteriores.
El asunto ha provocado dimisiones, apartamientos y la apertura de una información reservada por parte del Ministerio del Interior.
Ante la gravedad de las acusaciones, el ministro del Interior ha defendido la apertura de pesquisas internas y ha afirmado que su equipo no tuvo conocimiento de la querella hasta la tarde del martes en que se hizo pública.
Mientras tanto, el procedimiento judicial avanza: la denuncia fue admitida a trámite el 12 de febrero y el juez ha citado a declarar al querellado y a la supuesta víctima el 17 de marzo.
Relato de la denuncia y actores principales
La querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita y presentada el 9 de enero de , describe una relación de jerarquía y un episodio concreto que habría ocurrido el 23 de abril de . La denunciante, una inspectora que ascendió a principios de, sostiene que fue desplazada desde su destino en la Comisaría de Coslada hasta una vivienda oficial en la calle Alberto Alcocer de Madrid, donde se produjo la agresión. El escrito incluye detalles considerados por fuentes próximas como indicativos de la supuesta autoría.
En el centro del escándalo aparece José Ángel González, ex director adjunto operativo (conocido como Jota), y su mano derecha, el comisario Óscar San Juan. La querella sitúa a San Juan en la misma comida previa a los hechos y lo acusa, además, de intentar comprar el silencio de la víctima proponiéndole destinos laborales a cambio de que no denunciara.
Presuntas maniobras internas y la reacción de Interior
El Ministerio del Interior abrió una información reservada para aclarar si hubo conocimiento o actuación interna tendente a ocultar los hechos. Según la querella, el 13 de julio de San Juan habría mantenido una conversación telefónica en la que ofreció a la agente la posibilidad de elegir su destino profesional si no acudía a los tribunales. El abogado asegura poseer el audio completo de esa conversación y lo ha presentado como prueba documental clave.
El alcance de la pesquisa interna incluye evaluar si existió encubrimiento o coacción dentro de la DAO y determinar responsabilidades disciplinarias o penales. La Ley 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece el procedimiento para estos casos: se nombra un instructor que puede recabar información y remitir el expediente a la Justicia si detecta indicios de delito.
Medidas adoptadas y efectos en la carrera de los implicados
Tras la admisión a trámite de la querella, José Ángel González presentó su dimisión a la vista de la gravedad de las imputaciones. Óscar San Juan fue apartado de su puesto y es objeto directo de la investigación interna; cabe recordar que, en septiembre anterior, San Juan recibió una condecoración en señal de reconocimiento por su labor, lo que añade complejidad al debate sobre recompensas y lealtades internas.
El contexto personal y profesional de la víctima
Fuentes consultadas sostienen que la relación entre la denunciante y el ex DAO era conocida en su círculo más cercano y que ambos se conocían desde hace años, coincidiendo en Valladolid en distintos destinos. La inspectora, que había sido destinada en Coslada, relata en su querella una situación de superioridad jerárquica que generaba intimidación ambiental, y apunta que la relación personal se vio intensificada entre y parte de.
Antes de presentar la querella judicial, la agente mostró signos de malestar: acudió el 2 de junio al Punto Violeta de Rivas Vaciamadrid para recibir asesoramiento y, ya en su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos, comunicó el 24 de julio de que no se encontraba en condiciones de trabajar por motivos de salud mental. Cuatro días después, el 28 de julio cogió una baja médica por un cuadro ansioso-depresivo.
Vía elegida y razones del silencio inicial
El abogado de la inspectora ha explicado que la decisión de acudir primero a la vía judicial y no a la interna obedeció al temor a represalias y a la falta de confianza en que una denuncia interna alcanzara la verdad completa. Este aspecto subraya un problema estructural: la dificultad que tienen las víctimas para denunciar dentro de estructuras jerárquicas cuando el presunto agresor ocupa una posición dominante.
La investigación interna de Interior y el procedimiento judicial podrían determinar si hubo más mandos que conocieron los hechos o si se produjo un intento deliberado de ocultación. Mientras tanto, el caso sigue su curso y pondrá a prueba mecanismos de control, protección a la víctima y la transparencia en la gestión de la Policía Nacional.
