José Ángel González dimitió como DAO para no perjudicar el buen nombre de la Policía y para defenderse en condiciones tras la admisión de una querella que incluye grabaciones y acusaciones de acoso y agresión
El comisario principal José Ángel González, que ocupaba el puesto de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, presentó su renuncia tras la admisión a trámite de una querella que le atribuye un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada.
El escrito judicial, admitido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, ha motivado la citación de González en calidad de investigado y la fijación de la declaración de la víctima por parte del órgano judicial.
Según sus primeras declaraciones públicas, el exalto cargo aseguró que optó por dimitir para no dañar el buen nombre del Cuerpo y para poder afrontar la investigación «en condiciones». González ha remarcado que su salida fue una renuncia personal formalizada por escrito y no un cese impuesto por la Administración.
Alcance de la querella y relato de la denunciante
La querella describe hechos que, de ser confirmados, constituyen delitos muy graves. En el escrito se recoge, entre otros elementos, una grabación de audio y una narrativa que alude a negativas reiteradas por parte de la agente, uso de la fuerza física, y a una situación de intimidación creada por la posición jerárquica del denunciado. El documento subraya una asimetría de poder institucional entre superior y subordinada que habría sido utilizada para mantener control y presionar a la víctima.
Hechos concretos señalados
Según la versión recogida en la querella, los hechos habrían tenido lugar el 23 de abril de, cuando la mujer prestaba servicio en la comisaría de Coslada. El escrito detalla llamadas insistentes que habrían obligado a la agente a desplazarse y el uso de un vehículo policial camuflado para llevarla a un encuentro. La denuncia afirma que, pese a las negativas verbales de la víctima, se produjo un acercamiento sexual no consentido y una conducta que la querellante describe como agresiva y acompañada de intimidación ambiental.
Reacciones institucionales y medidas internas
El Ministerio del Interior informó de la renuncia y, según fuentes ministeriales, ha procedido a adoptar medidas internas. El ministro Fernando Grande-Marlaska declaró desconocer la existencia de la denuncia hasta su admisión judicial y señaló que se ha suspendido a otro comisario que, según la investigación interna, habría intentado coaccionar a la víctima para que no presentara la querella. El ministro aseguró que, de haber conocido los hechos con anterioridad, habría solicitado la dimisión del implicado.
La defensa y la estrategia del exalto cargo
González ha defendido que su salida fue una decisión personal adoptada al conocer la querella, con el argumento de preservar la reputación de la Policía y asegurar su capacidad de defensa. Ha insistido en que lo formalizó por escrito y ha solicitado que sea la propia institución la que, en su caso, proceda al cese administrativo. Esta postura deja claro que la versión pública del exDAO pretende diferenciar la renuncia voluntaria de un despido o suspensión forzosa.
Dimensión del caso y posibles consecuencias
La querella no solo apunta a un episodio puntual: incluye además alegaciones sobre una campaña posterior de acoso telefónico, manipulación psicológica y ofrecimientos laborales que la denunciante interpreta como intentos de silenciarla. El abogado de la víctima enumera posibles ilícitos adicionales: coacciones, presuntas lesiones psíquicas y la agravante de abuso de superioridad por la relación jerárquica.
Legalmente, la admisión de la querella implica el inicio del procedimiento penal que permitirá al juez valorar las pruebas, entre ellas la citada grabación, y determinar si existen indicios suficientes para proseguir contra el investigado. A escala interna, el caso plantea preguntas sobre protocolos de protección de denunciantes dentro de la Policía y sobre el uso de prerrogativas administrativas para mantener cargos de altos mandos.
Implicaciones políticas y sociales
Más allá del expediente judicial, el asunto ha generado un debate público sobre la cultura institucional y la respuesta de las autoridades frente a denuncias de violencia sexual en cuerpos de seguridad. La situación evoca la necesidad de reforzar mecanismos de protección de víctimas, garantías de independencia investigadora y normas claras sobre relaciones jerárquicas que puedan degenerar en abuso de poder.
Mientras el proceso judicial avanza, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deberán compaginar la preservación de la presunción de inocencia con la obligación de investigar y proteger a la presunta víctima. La evolución de las diligencias y las declaraciones que se practiquen en sede judicial marcarán los pasos siguientes de este caso de gran repercusión pública.
